Carlos Loret de Mola publicó en su columna Historias de un Reportero sobre que al parecer el gobierno federal está preparando un nuevo golpe jurídico-propagandístico. Al estilo de la declaración del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, está fraguándose la confesión del abogado Juan Collado, figura clave de lo que el presidente López Obrador califica como “la mafia del poder”, y quien está detenido desde julio de 2019.
El periodista asegura que según fuentes de primer nivel, en Palacio Nacional existe una fluida comunicación con el abogado Juan Araujo, pieza central de la defensa de Collado. El planteamiento del gobierno es que, a cambio de ser dejado en libertad, Collado entregue dinero y firme una declaración política en la que relate “cómo se orquestó el fraude electoral de 2006”.
El objetivo de esta declaración ministerial es validar la postura de López Obrador de que fue víctima de una conspiración fraudulenta que le arrebató la Presidencia en el 2006, y alimentar así la narrativa sobre la corrupción del pasado. Qué nombres incluir y bajo qué acusaciones, es parte también de lo que se está consensando entre las partes.
Loret revela que en esta trama hay un tema de dinero. A Collado se le congelaron más de 80 millones de dólares en Andorra, y parte de la negociación es saber cuánto tendría que depositar al gobierno federal asumiendo que se trata de fruto de actos de corrupción que salpican toda la era PRIAN (como dice el presidente AMLO), que incluye los sexenios desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.
Entre las cosas que están terminando de negociarse es que el arreglo entre Palacio Nacional y Juan Collado tenga el visto bueno de la Fiscalía General de la República.
Juan Collado fue detenido el pasado 9 de julio, en un restaurante de la Ciudad de México, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La investigación en su contra se deriva de una denuncia que realizó el empresario Sergio Bustamante Figueroa, por el despojo de un inmueble en Querétaro.
Gracias a la “venta ilícita” esa propiedad, Bustamante Figueroa se dio cuenta de las “actividades financieras ilegales” de la empresa Libertad Servicios Financieros, de la cual era presidente Collado.
Pese a que el juez Jesús Eduardo Velázquez Rea dio un plazo de 6 meses para que se complete la investigación contra Juan Collado antes de ir a juicio, el abogado no ha salido de la prisión porque el proceso se ha ido alargando más de lo debido.
Su defensa legal seguirá reuniendo pruebas a su favor, pero de ser hallado culpable podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años en la cárcel.
Fuente: Vanguardia/Con información de Carlos Loret de Mola