Después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara irregularidades en la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano (Sedatu) por el presunto desvío de más de mil 747 millones de pesos, la entonces titular, Rosario Robles, ordenó frenar el mecanismo, hoy conocido como La Estafa Maestra.

Un oficio en poder de la defensa de Robles Berlanga -y citado por Milenio-, fechado el 26 de enero de 2017, da cuenta de la petición de la exfuncionaria para evitar convenios con entes públicos.

De acuerdo con la acusación de la FGR, durante la gestión de Robles como titular de dependencias federales, fueron entregados contratos millonarios a universidades y televisoras públicas para realizar servicios, las cuales a su vez empleaban, sin licitación, a empresas privadas que, posteriormente se supo, eran fachada.

En el oficio emitido por la oficina de la secretaria, Robles también instruye a su personal bajo su cargo que en el ejercicio presupuestal de ese año (2017), sólo “en casos ineludibles y debidamente justificados”, sea utilizado este mecanismo.

De acuerdo con fuentes de la FGR, en el momento en que llegue al juicio, la defensa de Robles podría utilizar este documento para intentar desvirtuar la acusación en su contra por uno de los dos cargos de ejercicio indebido del servicio público, en su modalidad de omisión, que pesan en su contra.

El despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, a cargo de la defensa de Robles, podría argumentar que con este oficio dirigido a sus subalternos, intentó evitar, “dentro de sus facultades”, el presunto quebranto al erario desde la Sedatu. Pero antes de llegar al juicio, en poco más de una semana, se llevará a cabo la audiencia intermedia, en la cual, el Ministerio Público de la Federación presentará la acusación formal, de forma oral, en contra de Robles.

Fuente: Staff