El ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio y su familia, ya no contarán con el servicio de escoltas, debido a que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México le negó la suspensión definitiva al exfuncionario.

El ex funcionario, quien cuenta con una orden de aprehensión, reclamó que el 8 septiembre de este año la Fiscalía General de la República (FGR) le retiró la protección con que contaba, de 24 elementos, cuatro carros blindados y cuatro más de seguimiento, pese a existir un acuerdo que le garantizaba protección hasta septiembre de 2021.

El mismo Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa  le concedió la suspensión provisional a Zerón de Lucio el pasado 14 de octubre al admitir el amparo que el exfuncionario presentó para para que no se le retirara la protección, pero al resolver sobre la suspensión definitiva decidió negar la medida para no dejar sin materia el juicio de amparo.

«Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, este juzgador estima que no se surte la hipótesis normativa contenida en el artículo 147 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte agraviada pretende obtener efectos constitutivos a través de la presente suspensión y, de llegarse a otorgar la suspensión para dichos efectos ésta no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, ni aun de restablecerlas provisionalmente, sino que tendría efectos restitutorios de lo cual no resulta procedente ocuparse en la presente resolución”, indicó el juzgador.

Este es el segundo amparo que el ex director de la AIC tramita para recuperar su servicio de 24 escoltas, cuatro carros blindados y cuatro más de seguimiento para cuidarlo a él y a su familia.

En su momento, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, le otorgó una suspensión definitiva que ordenó restituir al personal asignado para su protección.

A partir de la orden de aprehensión, librada en marzo de este año, por presuntos delitos que derivaron de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos, tortura, la FGR determinó retirarle el servicio de protección a él y a su familia.

Fuente: Milenio