La apelación a la sentencia de 31 años de prisión a Mónica García Villegas, directora del Colegio Enrique Rébsamen, por la muerte de 26 personas, es un acto de solidaridad por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Así lo afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que lo fundamental en este caso era un castigo.
«Lo que ha hecho la Fiscalía, y he estado yo en contacto con los padres y madres de familia, es responder a la demanda de padres y madres de familia. Ellos solicitaron que se impugnara para que se recuperara el castigo original que estaba planteado y lo va a hacer la Fiscalía por solidaridad y apoyo a las víctimas.
«Me parece fundamental que haya habido la sanción, falta más. Estamos en un programa, de acuerdo con la Ley de Víctimas de la Ciudad de México de reparación integral del daño, la sanción todavía no queda en la dueña de la escuela y ya también habrá un momento para anunciarlo (…) se va a hacer un memorial», dijo en conferencia de prensa, tras un recorrido por el Río Magdalena.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó ayer que, en concordancia a los padres de familia, apelará la sentencia condenatoria de 31 años de prisión en contra de Mónica “N”, dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento.
«La Fiscalía considera que la sanción debe ser mayor ya que se pudo demostrar que la mujer, aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta estaba prohibida, no respetó las normas de construcción, lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa y ocasionó que colapsara el plantel con aquel sismo de septiembre de 2017, que llevó a la muerte de 19 niños y siete adultos.
«Los trabajos realizados por ministerios públicos, peritos y policías de investigación de la Subprocuraduría de Procesos, en conjunto con familiares de las víctimas, así como con la asesoría jurídica pública y privada, resultan determinantes para buscar un fallo mayor al de 27 años por homicidio culposo y cuatro más por Responsabilidad de Director Responsable de Obra», explicó la dependencia a través de un comunicado.
Agregó que las pruebas presentadas establecieron, más allá de toda duda razonable, que la sentenciada fue omisa al no atender las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones y en la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, por lo que deberá pagar 405 mil dos pesos como reparación del daño por cada víctima.
Con el desahogo de 68 elementos de prueba para la individualización de la sanción y reparación del daño, entre los que se contaron peritajes elaborados en las materias de psicología y antropología social, así como las declaraciones de las víctimas indirectas, se logró acreditar daño psicológico.
Fuente: El Heraldo de México