Cuando se cumplen dos años de la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia, los constantes asesinatos de líderes sociales, las matanzas y ahora las denuncias de abusos por parte de las Fuerzas Amadas a civiles tienen al Ejecutivo al borde de una crisis política. El mandatario ganó las elecciones gracias también a la bandera de la seguridad que enarbola su partido, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Su estrategia, sin embargo, ha fracasado. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue citado por una decena de senadores para dar explicaciones por las más de 60 masacres que van en lo corrido del año. Mientras tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha criticado la falta de empatía del Gobierno con las víctimas de violencia policial y la Corte Suprema de Justicia ordenó al gabinete de Duque a ofrecer disculpas por los excesos de la Policía durante las movilizaciones sociales de 2019.
La controversia se agudizó tras la respuesta esquiva del ministro a la orden de la Corte. Trujillo dijo que “la Fuerza Pública, en particular el Escuadrón Antidisturbios (Esmad), no incurre institucionalmente en excesos” y que, si los hubo, corresponden a “actuaciones individuales”. Sus palabras fueron interpretadas desde distintos sectores políticos como un desacato. Ahora, además del debate por las matanzas, un grupo de congresistas promueve una moción de censura en su contra para forzar su renuncia y la oposición quiere volver a las calles. El ambiente de inseguridad se extiende a los líderes políticos. En la noche del miércoles los escoltas de la exsenadora izquierdista Piedad Córdoba fueron atacados a balazos y ella anunció que teme por su vida.
El Gobierno ha insistido en que por detrás de las protestas de septiembre en Bogotá están el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y otras organizaciones criminales que “amenazan a la sociedad colombiana aprovechando la protección del régimen dictatorial de [Nicolás] Maduro”. Pero esa versión no convence a analistas ni a líderes políticos como a la alcaldesa de Bogotá, que se ha enfrentado públicamente al ministro Trujillo. “¿El candidato ministro de Defensa reconoce que fruto de su incompetencia entregó al ELN y a disidencias de las FARC el reingreso a las ciudades? ¿Reconoce que fracasó como ministro de Defensa? ¿Casualmente, solo se dio cuenta de su fracaso a la par del sistemático abuso policial?”, le respondió López por Twitter, haciendo referencia a sus aspiraciones presidenciales.
“Hay un deterioro indudable de la seguridad, el Gobierno está acorralado por la violencia policial y su respuesta es mostrar la bandera del miedo para hacerse indispensable de cara a las próximas elecciones”, explica el analista Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
A la complejidad del panorama se suma la reaparición de los disidentes de las FARC y antiguos negociadores del acuerdo de paz, Iván Márquez y Jesús Santrich, que representan un grupo minoritario que se apartó de los acuerdos de paz de los que ahora se cumplen cuatro años. Tras un año del lanzamiento de la llamada Nueva Marquetalia, este grupo disidente, reaparecieron con un comunicado para pedir la renuncia del presidente Duque. La imagen de Márquez, Santrich y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa, con armas largas y uniformes nuevos con unos arbustos detrás de ellos causó indignación en los ciudadanos. “La declaración de los integrantes de la autodenominada Nueva Marquetalia, con sus armas amenazantes, es cínica y ofensiva. Ellos traicionaron el acuerdo de paz, a sus 13.000 compañeros que hoy cumplen y al país. Deben ser perseguidos con toda la fuerza militar del estado”, dijo Juan Fernando Cristo, exministro de Interior del Gobierno de Juan Manuel Santos.
Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, pese a que en los últimos dos años los grupos post FARC o disidencias, así como el ELN y los llamados Grupos Armados Organizados “han casi que doblado su presencia armada territorial”, analistas consideran que la de la Nueva Marquetalia es la menos fuerte. “Es la que más impacto mediático y político causa porque sus miembros fueron negociadores, pero es la de menor poder”, agrega Ávila. Las autoridades creen que sus mandos se encuentran del lado venezolano de la frontera.
Según Pares, las disidencias de las FARC son 28 grupos divididos en tres sectores aislados: un grupo integrado por alias Gentil Duarte, que opera en Putumayo y Vichada; otro de los llamados aislados, como los grupos de Oliver Sinisterra y los Contadores, ubicados en Nariño, en el sur del país, y dedicados al narcotráfico; y la disidencia de la Nueva Marquetalia, que no ha tenido éxito, según los analistas, al querer agrupar a esas facciones.
Por otro lado, se encuentra el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia, que según este informe “pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020”; y el Clan del Golfo, un grupo neo-paramilitar que “opera en algo más de 200 municipios actualmente”. Todos se financian con el narcotráfico.
El Gobierno aún no ha dado información detallada sobre la dimensión de la presencia de estos grupos, pero los debates en el Congreso serán la oportunidad para conocer la magnitud del deterioro de la seguridad en el país andino. “Queremos que el ministro nos diga qué es lo que está pasando con la seguridad, por qué se ha salido de madres; y, por otro lado, qué está pasando con las fuerzas armadas, por qué están actuando de manera tan errática y dispararon a 10 personas en Bogotá”, dijo al programa Semana en vivo el congresista del Partido de La U Roy Barreras, uno de los ponentes de los debates.
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