El complejo Sistema de Salud, déficit de médicos y una población con obesidad contribuyeron a que Perú se convirtiera en el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo

Una baja inversión en salud durante décadas, un sistema sanitario fragmentado y con déficit de médicos y camas, una informalidad generalizada y una población mayoritariamente obesa y rebelde han confluido en una “tormenta perfecta” que hace de Perú el país con la mayor mortalidad relativa del mundo por COVID-19.

Con más de 29 mil muertos por el coronavirus, Perú registra 88 muertes por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta a nivel global, y es el quinto país del mundo y el segundo de Latinoamérica en casos confirmados al acumular más de 652 mil contagios, equivalente al 2 por ciento de su población.

Este escenario resultaba difícilmente imaginable a mediados de marzo cuando, con apenas 71 casos detectados, Perú fue el primer país de Latinoamérica en decretar la cuarentena general y obligatoria. ¿Qué ha pasado para llegar a la situación actual y por qué esa rápida reacción no tuvo el efecto esperado?

Antes de la irrupción del coronavirus, Perú había presupuestado gastar en 2020 cerca de 18 mil 500 millones de soles, unos 5 mil 240 millones de dólares, en salud, un 2.2 por ciento de su Producto Interno Bruto, una de las tasas más bajas de Latinoamérica.

El gasto público de Perú en salud lleva décadas lejos del 6 por ciento del PIB que recomienda invertir como mínimo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en ese sector y muy lejos el 10.1 por ciento de promedio que presentan los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además de disponer de poco dinero, este tampoco se invierte bien o a veces ni se llegar a gastar todo, trabado en una maraña burocrática por la que ahora, en plena pandemia, hay médicos a los se les adeudan varios meses de sueldo.

Según un análisis de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), entre 2015 y 2019 no se ejecutaron 2 mil 470 millones de dólares asignados en los diferentes presupuestos anuales al sector de la salud.

Es habitual que en los hospitales públicos escaseen los instrumentos hasta para los procedimientos más simples, lo que obliga a familiares de los pacientes o incluso a los propios pacientes a comprarlos afuera del centro médico para que puedan recibir la atención requerida.

La sanidad pública peruana opera bajo una caótica fragmentación, dividida en dos grandes entes y otros más pequeños con sus propias redes de hospitales y centros médicos que hasta la llegada de la pandemia actuaban en paralelo y sin relacionarse.

Para que sea aún más complejo, las regiones también tienen competencias en salud.

Por un lado está el Seguro Integral de Salud (SIS), administrado por el Ministerio de Salud para proveer sanidad universal a los peruanos en condición de pobreza y situaciones de vulnerabilidad, y que en total cubre a más de 20 millones de personas.

Por otro lado está el Seguro Social de Salud (EsSalud), a cargo del Ministerio de Trabajo, que da cobertura a casi 12 millones de personas, entre trabajadores formales y pensionistas.

Por si fuera poco, los policías y militares tienen sus propios seguros de salud y hospitales exclusivos, y en algunas ciudades también hay clínicas municipales, como el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) de la Municipalidad de Lima, que tiene 26 hospitales, siete de ellos en otras ciudades fuera de la capital, y 11 centros médicos.

Antes de la pandemia, Perú tenía un déficit histórico de 24 mil médicos, según el exministro de Salud Víctor Zamora. Había unos 13 médicos por cada 10 mil habitantes, uno de los promedios más bajos de América Latina. En regiones como Loreto era incluso la mitad.

La emergencia hizo que un considerable sector dejara de atender por ser personal de riesgo, lo que el gobierno ha tratado de suplir contratando médicos extranjeros y estudiantes de Medicina recién salidos de la universidad.

Algo similar ocurre con las camas hospitalarias, especialmente de los respiradores artificiales en unidades de cuidados intensivos (UCI). Al inicio había apenas 900 (2.9 por cada 100 mil habitantes), de nuevo entre los rangos más bajos de la región, según el Panorama de la Salud 2020 de la OCDE. Solo 276 estaban disponibles para COVID-19. Ahora se han incrementado a más de mil 500 camas de UCI.

Esa escasez inicial se vio en regiones como La Libertad, en el norte del país, donde había un ventilador mecánico por cada 200 mil habitantes, según reportó en abril la Defensoría del Pueblo.

La población tampoco ha colaborado para evitar el colapso del sistema público de salud al saltarse casi desde el inicio la estricta cuarentena impuesta a mediados de marzo por el Gobierno.

Más de 50 mil personas fueron detenidas durante los dos primeros meses de emergencia por irrespetar la cuarentena y los toques de queda nocturnos, una desobediencia que en principio fue por motivos económicos para buscar ingresos y después por puro desacato en numerosas reuniones sociales pese a la prohibición de las mismas.

El peor ejemplo de ello fue la trágica fiesta clandestina que acabó con 13 muertos en una avalancha humana provocada por una polémica redada de la Policía. Once de los 13 fallecidos estaban infectados con el virus, al igual que 15 de los 22 detenidos esa noche.

El 70 por ciento de la población económicamente activa de Perú trabaja de manera informal, sin pagar impuestos y muchos sin un seguro de salud, lo que resta recursos al Estado para poder dar una cobertura sanitaria más amplia.

Este sector de escasos recursos, que acostumbra a vivir con lo que gana a diario, suele verse obligado a tratarse en su propio domicilio o a recurrir a la sanidad privada en caso de enfermar, lo que supone grandes costos para sus sufridos bolsillos.

Esa misma arraigada informalidad también ha contribuido a esparcir el virus, sobre todo en el transporte interprovincial que ha operado sin apenas controles ni medidas de seguridad una vez que se reanudaron los viajes nacionales desde mediados de julio.

A inicios de agosto, el Ministerio de Salud informó que el 85 por ciento de las víctimas por COVID-19 eran obesos, el 43 por ciento diabéticos y el 27 por ciento hipertensos, tres de los principales factores que recrudecen los síntomas del coronavirus.

Esto no es casualidad, pues en Perú al menos una de cada cinco personas mayor de 15 años es obesa, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), aunque si se incluye las personas con exceso de peso el porcentaje se dispara hasta el 70 por ciento, por encima del promedio de Latinoamérica (59.5 por ciento).

La prevalencia de la obesidad en Perú está ligeramente por debajo del promedio de América Latina (24 por ciento), que es casi el doble de la tasa global.

Fuente: EFE