Con 420 votos a favor, 15 abstenciones y cero en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que reforma los artículos 108 y 111 constitucionales para quitar el fuero al presidente de la República.

La iniciativa, que fue discutida luego de que Dulce María Sauri rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva, establece que “el Presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”

El proyecto ya había sido rechazado en diciembre de 2018, pues la propuesta original, sólo permitía juzgar al mandatario federal por corrupción y traición a la patria. En el nuevo texto se incluyen todos los delitos establecidos en el artículo 19 de la Constitución que son:

Abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos y en materia de desaparición forzada de personas, entre otros.

Al presentar el proyecto, la diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que el fuero permite el desempeño de la función pública en forma eficiente, “pero en los últimos años se ha observado un abuso de esa figura y se ha entendido como una inmunidad absoluta.

“Los gobernantes deben vivir en la justa medianía que brinda el salario, no pueden tener vida de príncipes ni disponer de fortunas hechas al amparo del encargo público. Esos tiempos se acabaron”, sostuvo.

Los legisladores de oposición avalaron la propuesta y reconocieron que aumentar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente, es un avance, sin embargo, consideraron que, en términos legales, no se quitó el fuero.

Explicaron que si hay una acusación contra el Ejecutivo, será la Cámara de Diputados la que avale la queja por la mitad de votos más uno; y después el Senado, con votación de dos terceras partes, ordenaría el cese del presidente.

“Si la Fiscalía General de la República conoce algún acto delictivo del presidente, no puede actuar, debe pasar por el Congreso y puede ser juzgado sí, solo sí, lo avala el Legislativo, ese es el fuero, y ese no se está quitando”, señaló Enrique Ochoa, diputado del PRI.

Marcos Aguilar Vega, del PAN, consideró que si se hubiera querido eliminar el fuero constitucional al presidente, el párrafo por el que la acusación pasa ante el Congreso debió haber sido eliminado para que la acusación se hiciera directamente ante la autoridad competente.

Durante la sesión se presentaron seis reservas, de las que fueron rechazadas cinco, y solo se avaló una que modificó la línea final del dictamen, que en un inicio decía que el presidente podrá ser enjuiciado como cualquier ciudadano “común” y que fue cambiado por “cualquier ciudadano o ciudadana”.

El proyecto fue turnado a la Cámara de Senadores para su discusión y votación.

Fuente: La Razón