La prohibición de la venta de productos con altos contenidos calóricos provenientes de azúcares, considerados ‘chatarra’ a menores de edad en Oaxaca restará alrededor de 100 millones de pesos diarios en comercios de la entidad, estimó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Por ello, demandarán que el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Murat, vete o congele la modificación a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad que proscribe la venta de estos alimentos y bebidas.

“Estos productos son el motor de venta del canal, y empujan el 50% de las ventas y significa dejar de vender en Oaxaca 100 mdp diarios””, expuso.

El decreto votado este miércoles señala que dichos alimentos no se venderán, regalarán, distribuirán o suministrarán a menores de edad en la entidad; no obstante, madres, padres y tutores podrán proporcionarles estos productos. Las medidas señalan que la restricción corresponde con los niveles de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadidos establecidos en la NOM-051 que establece el nuevo etiquetado en los alimentos.

A juicio de Rivera, esta medida tomada por 31 legisladores locales obedece a criterios políticos para respaldar el pronunciamiento del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien en semanas pasadas acusó de la responsabilidad de los refrescos en la alta incidencia de comorbilidades como diabetes, hipertensión y obesidad en personas que se han contagiado de COVID-19 y que han fallecido tras contraer la enfermedad.

“Los (diputados) de Oaxaca, emulando a Gatell, quieren presentarse políticamente correctos y están viendo su futuro político también”, comentó.

La Anpec lanzó la tarde del miércoles un comunicado en que llaman al gobernador Murat a vetar esta medida que, desde su perspectiva, generará más pobreza en la entidad.

En otro mensaje conjunto, firmado por la Coparmex y Canaco Servytur Oaxaca, se resalta que esta medida incentivará el mercado informal, por donde se podría comerciar este tipo de alimentos sin restricciones.

A ese respecto, Abelardo Avil, integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria, consideró infundado ese argumento pues reclama el ejercicio de un derecho inexistente.

“Este problema lo tenemos que resolver de manera completa y positiva y no ver ‘si a ellos no los regulan por qué a nosotros sí’, reivindicar mi derecho a dañar a la población porque hay otros que lo dañan, no hay ningún argumento“, comentó.

El también investigador del Instituto Nacional de Nutrición y Salud Salvador Zubirán consideró que si bien se tiene que aplicar medidas complementarias y con mayor especificidad en cuanto a los productos restringidos, esta medida es un paso favorable para reducir el impacto del consumo excesivo de estos productos, especialmente en los menores de edad.

“Desde el interés superior de la infancia y de su salud y el daño a su salud actual, creo que sería algo positivo y tendría que verse en ese sentido y se pudiera superar en un consenso la forma en donde se respetara el espíritu de la ley, el espíritu de la ley es la protección de la infancia, no la prohibición arbitraria de un bien mercantil”, expresó.

Igualmente, celebró la disposición del pueblo oaxaqueño de trabajar en la defensa de los derechos de sus habitantes, especialmente de la infancia. La medida también recibió el respaldo de organizaciones y funcionarios que trabajan en protección de la niñez.

Fuente: Forbes