El gobierno francés planea hacer obligatorio el uso de mascarillas en la gran mayoría de los lugares de trabajo a partir del 1 de septiembre para tratar de detener el rebrote de la pandemia del Covid-19.
El Ministerio del Trabajo dijo el martes que las nuevas medidas se aplicarán a todos los espacios compartidos en oficinas y fábricas, pero no se extenderá a oficinas individuales donde sólo hay un trabajador presente.
También dijo que trabajar desde casa seguiría siendo la opción recomendada para los empleados. Un funcionario del gobierno dijo que las mascarillas en el trabajo serían obligatorias a partir del 1 de septiembre.
Además, el funcionario dijo que habría conversaciones con empleadores y sindicatos sobre casos especiales, como cuando sólo dos personas están presentes en un gran espacio abierto y bien separado.
También se trabajarán detalles para entornos de trabajo especiales, como bodegas de alimentos congelados, donde las mascarillas no son prácticas ya que se congelarían.
El uso de mascarillas también es obligatorio en todo el país en el transporte público y en la mayoría de los espacios públicos cerrados, como tiendas y museos, así como en áreas al aire libre concurridas en algunas ciudades.
Francia impuso algunas de las medidas de confinamiento más duras de Europa a principios de este año, reduciendo en gran medida la tasa de infecciones por coronavirus. Pero en las últimas semanas el número de nuevos casos de Covid-19 ha aumentado y los funcionarios de salud han advertido que los contagios podrían salirse de control.
El gobierno ha estado bajo presión de los sindicatos para que intensifique las medidas de protección para septiembre, cuando la gente regrese al trabajo después de las largas vacaciones de verano y los niños deban regresar a las escuelas.
«Lo mejor que podemos hacer para prepararnos para el regreso de las vacaciones es asegurarles a los trabajadores que, juntos, estamos tomando las precauciones para evitar la propagación del virus», dijo Elisabeth Borne, ministra del Trabajo, citada por el ministerio.
Fuente: El Economista