La aprobación de la ley que prohíbe vender comida chatarra a menores desató una fuerte polarización en Oaxaca, incluso frente al respaldo que la medida tuvo por parte del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y hasta de las Naciones Unidas.

La semana pasada, el encargado de la política contra el Covid-19 del Gobierno federal dijo que alentó al coordinador parlamentario de Morena en Oaxaca, Héctor Sosa, a mantener en pie esta iniciativa, ya que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene a la sana alimentación como una prioridad en la agenda nacional.

“Él mismo ha dicho una y otra vez la importancia de promover una alimentación saludable, se lo externé al diputado Sosa y le externé mi deseo de que pueda salir con éxito esta pieza legislativa”, dijo.

Los primeros en rechazar la disposición, que busca atajar la obesidad en casi un tercio de niños en edad escolar, fueron los empresarios.

Alejandro Sánchez Díaz, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Oaxaca, explicó a este medio que lo que genera ruido es la “ambigüedad” del término que se usa para referirse a los alimentos con alto contenido calórico, con lo que también se pudieran ver afectados productos locales.

“Nos preocupa la ambigüedad y el alcance. Alto contenido calórico son muchos productos, incluso artesanales de Oaxaca o nieves tradicionales”, dijo.

En comunicado, cámaras de comercio expresaron que la decisión tendrá un alto impacto en toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria. “Lamentamos que no hubo disposición de establecer mesas de trabajo a efecto de trabajar conjuntamente, por lo que rechazamos la prohibición”, se lee en el documento.

Los industriales remarcaron que no venden sus productos directamente en escuelas, “más aún, es preciso mencionar que esto ya lo mandata la legislación federal” desde 2013. “El decreto pretende ir más allá, al limitar la venta de chocolate oaxaqueño, granolas, yogures, cereales, entre otros, condición que no sólo no resolverá el problema de la obesidad, sino que incentivará el mercado informal”.

Pero al parecer, López-Gatell ya tenía previsto que algunos grupos ejercieran presión, pues al hablar del mensaje que le envió al diputado morenista en Oaxaca, lo animó a resistir.

“También le comenté, por la experiencia ya vivida a nivel federal, el reto de que se infiltren todo tipo de cabildeos y presiones de grupos de interés económico que suelen interferir con el esfuerzo legislativo, ya sea presionando o a veces confundiendo la interpretación o la visión de los propios legisladores”, indicó.

“Todo esto se lo dije tal cual. Si en algún momento se filtra en las redes, como suele ocurrir, no tengo nada que ocultar, eso es exactamente lo que dije y con todo el respeto que me merece la soberanía del estado de Oaxaca, expreso mi opinión muy favorable a esta iniciativa de ley y deseo francamente por el bien de la salud pública de México que se logre promulgar”, remató el subsecretario.

Ayer, fue uno de los primeros en celebrar la aprobación de la medida en el Congreso oaxaqueño: “Celebro la aprobación de esta iniciativa que defiende el interés superior de la niñez. Es un avance en el cuidado de la salud”, expresó en Twitter.

El Congreso local aprobó la iniciativa de la diputada morenista Magaly López, en la que se modificará al artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer que sean los padres quienes decidan qué alimentos deben consumir sus hijos.

La legisladora dijo a La Razón que la reforma está acompañada de sanciones administrativas, por lo que los negocios o personas que vendan estos productos a menores podrán recibir amonestaciones o hacerse acreedores a 36 horas de cárcel.

“Somos el país con el mayor índice de obesidad en América Latina y ocupamos los primeros lugares a nivel mundial; Oaxaca es el segundo estado con mayor obesidad entre adultos, y el primero en obesidad infantil. Es una ley histórica”, dijo.

Comerciantes se manifestaron en contra: “pónganse en nuestros zapatos, votamos por ustedes, no nos den la espalda”, expresaron en pancartas.

La abogada constitucionalista Mina Moreno explicó que dicha iniciativa resulta antijurídica, inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, además de que transgrede tratados internacionales, como el Pacto de San José, pues homologa al comercio honesto con un delito.

“Una de las características que una ley debe tener es no ser represora, no puede ser que sanciones y penalices a alguien por vender papas con la misma medida con que castigas a un narcomenudista”, comentó a La Razón.

A pesar de los riesgos que existen para pacientes Covid con obesidad y sobrepeso, y la relación de éstos con los alimentos chatarra, la diputada de Morena Erika Vanessa del Castillo retiró una iniciativa para aplicar mayores impuestos a esos productos, misma que ya había sido turnada a comisiones.

La propuesta, registrada el pasado 24 de julio, consistía en incrementar las tasas de impuestos a bebidas azucaradas, alimentos con alto contenido calórico y a los cigarros y bebidas alcohólicas.

De este modo, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) para las bebidas alcohólicas con 14 grados de alcohol pasaría de 26 a 35 por ciento; en el caso de las que van de 14 a 20 grados, el impuesto subiría de 30 a 60 por ciento y en aquellas con más de 20 grados éste se incrementaría de 53 a 80 por ciento.

En el caso de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos el impuesto sería de dos pesos con 26 centavos por cada litro que haya sido obtenido al mezclar estos concentrados en sus diversas modalidades.

Del Castillo también proponía que, en el caso de los cigarros labrados, la Secretaría de Hacienda impusiera una cuota de un peso con 49 centavos por cada uno de estos productos que fuera importado.

Finalmente, los alimentos no básicos que contengan más de 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos, pagarían de IEPS 16 por ciento de su precio, cuando la tasa actual es de ocho por ciento.

La iniciativa, que fue turnada cuatro días después de su presentación a la Comisión de Hacienda de la Comisión Permanente, fue retirada el pasado 29 de julio, mediante un oficio en el que Del Castillo no abundó en detalles.

Días antes, el 6 de julio, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó que la obesidad y el sobrepeso están asociados a una mayor morbilidad por Covid-19.

“Hay quienes buscan confundir para hacer pensar que el señalamiento es a las personas, que usted está así por su culpa. No, el mensaje es que usted tiene obesidad o sufre una enfermedad crónica porque ha tenido a su alcance comida de mala calidad, productos ultraprocesados, que no le va a nutrir y, en cambio, tienen una gran cantidad de azúcar y de sales”, declaró.

Pero no es la única ocasión en que el funcionario se ha pronunciado contra este tipo de alimentos. El 18 de julio, insistió en que quienes enfrentan la enfermedad deben dejar fuera de su alimentación los refrescos y otros productos industrializados.

“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental?”, cuestionó en ese momento.

Ayer, el funcionario celebró la aprobación de una iniciativa que prohíbe la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad en Oaxaca.

En la víspera, López-Gatell reveló que conversó con el coordinador de los legisladores de Morena en esa entidad, Horacio Sosa, con quien comparó los esfuerzos del Gobierno federal en materia de alimentación con esa iniciativa y le dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo tiene como una prioridad.

A pesar de conocer esto, la diputada Vanessa del Castillo decidió dar marcha atrás en su iniciativa, que buscaba inhibir el consumo de bebidas alcohólicas, con exceso de azucares o alimentos considerados chatarra.

Fuente: La Razón