El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que existe un cambio en el rumbo de la política energética del país e incluso no descarta presentar una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión para hacer valer el principio del dominio de la nación sobre los recursos naturales, por lo que en su administración se respetarán los contratos y el marco legal vigente y los privados podrán seguir participando en el sector como contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tendrán acceso a un máximo de 46% de la generación nacional de electricidad.

En un memorándum firmado en el salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional el pasado 22 de julio, que presuntamente se envió a trabajadores de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el presidente aseguró “es urgente profundizar en los cambios ya iniciados para rescatar a Pemex y a la CFE, considerando a estas empresas públicas como estratégicas e indispensables para el desarrollo independiente y sobreano de la nación”.

“No obstante, si para poder aplicar la nueva política de rescate a Pemex y a la CFE fuera necesario proponer una nueva reforma energética, no descartamos esa posibilidad; es decir, debe mantenerse abierta, entre otras, la opción de presentar una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión para hacer valer, sin lugar a dudas, el principio de dominio de la nación sobre sus recursos naturales”, expresó el primer mandatario en el documento cuya existencia confirmaron empleados al interior de uno de los organismos.

Por tanto, su planteamiento consiste en regresar, sin ignorar las nuevas realidades, a la política que aplicaron en su tiempo los presidentes Lázaro Cárdenas del Río y Adolfo López Mateos.

En el documento, el primer mandatario reiteró que se respetarán los más de 100 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos asignados tras la reforma energética, pero confirmó que no se licitarán más. Además López Obrador dijo en el documento que se debe acabar con los subsidios a empresas particulares del sector energético.

Por ello las empresas públicas y los reguladores se comprometen entonces a:

Mantener la política de no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, diésel, gas y electricidad.

Alcanzar autosuficiencia energética.

No exportar petróleo, extraer sólo el que se necesita para las refinerías y dejar de importar diésel y gasolina.

Aplicar el siguiente programa de producción: 1.8 millones de barriles diarios de crudo en 2020; 1.9 en 2021; 2.0 en 2022; 2.1 en 2023, y 2.2 en 2024.

Continuar con el programa de rehabilitación de las seis refinerías para alcanzar, en 2022, un procesamiento de 1.2 millones de barriles diarios, así como terminar ese mismo año la refinería de Dos Bocas, Tabasco, para agregar 340,000 barriles diarios ese año.

Definir lo antes posible la conveniencia de construir el nuevo tren de refinación de Cangrejera para alcanzar la autosuficiencia de combustibles antes de finalizar el actual gobierno. Esto implicaría procesar 200,000 barriles por día con lo cual se estaría dando valor agregado a 1.750 millones de barriles diarios de crudo, con una reserva de 250,000 millones, de acuerdo con los cálculos de producción para 2022.

En cuanto a la industria eléctrica, priorizar y optar por lo más rentable: construir  o reconstruir plantas para satisfacer la demanda del sureste, en particular la península de Yucatán, así como abastecer con energía suficiente a Baja California Sur.

Potenciar la generación de energía eléctrica.

Pemex y la CFE deben reconocer los contratos suscritos anteriormente siempre y cuando no impliquen fraudes en contra de la nación.

De existir pruebas de influyentismo y corrupción, presentar las denuncias penales competentes.

Debe suprimirse el otorgamiento de subsidios de cualquier índole a empresa particulares del sector energético.

El sistema eléctrico nacional deberá ser alimentado en este orden: en primer lugar, subirse a la red de distribución la energía producida en las hidroeléctricas; en segundo, lo generado en otras plantas de la CFE; en tercero, la energía eólica o solar de particulares y al final, la energía de ciclo combinado de las empresas privadas.

La CFE debe aplicar el plan para el uso y la venta del gas adquirido en el anterior gobierno, a fin de evitar multas y pagos exagerados por ese “mal negocio público realizado en el periodo neoliberal”.

Se debe detener el otorgamiento de permisos o concesiones en el sector energético a particulares por sobreoferta de petróleo y electricidad para el mediano y largo plazo.

Apoyar a Pemex y la CFE en la política de distribución de energéticos, para evitar que sigan perdiendo participación en el mercado nacional.

Tanto en extracción de petróleo como en refinación, así como en generación de energía eléctrica no se descartará la asociación con inversionistas privados siempre y cuando se trate de acciones complementarias y que no afecten el interés nacional, con lo que se mantendrán los contratos de las rondas y para la industria química y petroquímica se permitirán las actividades de privados siempre y cuando no se realicen con insumos de la nación o créditos de la banca de desarrollo, como el etano de Pemex en Etileno XXI.

Desterrar la corrupción el influyentismo y la impunidad en Pemex y la CFE.

“Aclaro que todo lo que hagamos debe apegarse a normas legales y bajo ninguna circunstancia alterar el estado de derecho”, concluyó, pidiendo a los funcionarios que manifiesten si es posible llegar a esta nueva realidad.

Fuente: El Economista