Históricamente, la industria ha empleado divisas tácticas para bloquear, retrasar o cambiar diferentes políticas públicas que buscan la salud de la población. La industria de los hidrocarburos, el tabaco y ahora la de alimentos han utilizado el cabildeo político con legisladores, financiado estudios “científicos” a modo y empleado argucias legales para intimidar a los gobiernos.

En México, después de echar mano de estas tácticas a lo largo de los últimos años para bloquear políticas como el etiquetado de comida y bebidas chatarra, así como las relacionadas con su publicidad e impuestos, actualmente, esta industria se encuentra en escenario legal.

La industria arguye que el nuevo etiquetado frontal de advertencia, que entrará en vigor el 1 de octubre, viola tratados y acuerdos internacionales. Sin embargo, ésta y otras bravuconadas son falsas, señalaron en conferencia expertos convocados por la Alianza por la Salud Alimentaria.

De acuerdo a actas de una reunión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC), realizadas entre 13 y 14 de mayo, publicadas el lunes, la delegación estadounidense señala que apoya las medidas para reducir las enfermedades no transmisibles, sin embargo, sobre el nuevo etiquetado agrega que “puede ser más restrictivo del comercio de lo necesario para cumplir con los objetivos legítimos de salud de México”.

Respaldados por Canadá y la Unión Europea —sedes de las principales trasnacionales de bebidas y alimentos—, los representantes de la delegación señalan que debido a la falta de planeación de este tipo de medidas en el país, el nuevo etiquetado debería de retrasarse dos años más, incluso argumentan que es necesario ante los retos que significa para la industria la actual pandemia por COVID-19.

“La industria puede amenazar al gobierno mexicano con la toma de acciones legales internacionales para intentar bloquear debilitar y retrasar etiquetado frontal, sin embargo, México tiene el derecho soberano de implementar las etiquetas por razones de salud pública”, señaló en videoconferencia Eric Crosbie, científico político y profesor de la Universidad de Nevada en Reno (EU), quien además es autor del artículo “Amenazas vacías: Uso de acuerdos internacionales por las empresas transnacionales de alimentos y bebidas para combatir el etiquetado frontal de los alimentos en México y más allá”.

En el estudio, publicado en International Journal of Health Policy and Management, describe y analiza varias amenazas de acción legal por parte de la industria de alimentos y bebidas. El artículo describe que la actual amenaza de la industria ante la OMC es una táctica simple para retrasar una política y fue utilizada en Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, sin éxito, puesto que la organización reconoce a su vez la protección de la salud de la población. “La industria de alimentos y bebidas está preocupada porque el etiquetado frontal se extiende por América Latina, por lo que usa tratados internacionales para intimidar (…), sin embargo, todas las amenazas son falsas”.

De acuerdo con Pepita Barlow —académica de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres—, la OMC ha sido utilizada ampliamente para desafiar y retrasar políticas innovadoras sobre el etiquetado frontal nutrimental.

“Es posible que estas amenazas legales ante la OMC ni siquiera sean válidas, pero de todos modos podrían utilizarse para debilitar la eficacia de la legislación actual o incluso intentar retrasar su implementación si México no reconoce las afirmaciones falsas y cede a esta presión de la OMC”.

Barlow ha realizado un análisis de las amenazas legales basadas en acuerdos comerciales presentadas ante la OMC, en contra de políticas públicas relacionadas a la prevención de enfermedades crónicas desde 1995-2016. Su investigación evidencia que en muchos casos la industria de alimentos y bebidas se encuentra detrás de estas amenazas legales.

Finalmente, Gabriela Rodríguez Huerta, profesora del Departamento de Derecho del ITAM, refirió que si bien en la declaración de Derechos Humanos, como en la Constitución mexicana o tratados comerciales, se protege la libertad de comercio y propiedad intelectual, ningún derecho es absoluto. “La industria pretende esto al intimidar, pero existen excepciones que pueden ser argumentadas de manera válida y legítima”.

Refirió además que el interés superior de derecho a la salud debe prevalecer ante otros derechos. “Ante la pandemia, esto es una muestra, puesto que los países que han colocado como un derecho superior el derecho a la salud han tenido mejores estrategias y mecanismos de protección de su población”. (ISSAC TORRES CRUZ. CRÓNICA.)