Tomás, un hombre de más de 75 años ingresó a un hospital privado de la zona de Polanco con complicaciones por Covid-19, recibió atención en el tratamiento de la enfermedad y además fue dializado debido a que era un paciente con diabetes.

Luego de tres semanas, Tomás murió. Al duelo de la familia se suma una preocupación: en los más de 20 días de hospitalización, la cuenta rebasó 6 millones de pesos y Tomás no contaba con una cobertura de gastos médicos mayores.

Para la familia, la suma supera toda proyección. Uno de sus parientes relata a Forbes México que el cobro aplicado por el hospital es exorbitante. Los cotos de algunos conceptos lo reflejan: la máquina de diálisis tenía una tarifa de más de 180,000 pesos por día.

Para la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las historias como la de Tomás han sido comunes durante los meses de la pandemia.

A diferencia de Tomás, quienes cuentan con una cobertura de gastos médicos mayores tienen el respaldo de la aseguradora, que debe correr con los gastos; sin embargo, Recaredo Arias, director general de AMIS señala que ante el monto promedio creciente por atención sí han tenido reuniones con los consorcios de hospitales para determinar qué costos han ido en aumento y por qué.

“El costo de la Unidad de Terapia Intensiva es bastante elevado. Si la persona además está intubada durante muchos días, el costo se eleva aún más. Entre los insumos y la cantidad de días en la Unidad de Terapia Intensiva, eso es lo que ha encarecido esta enfermedad y este tratamiento”, explica Edgar Karam, vicepresidente de AMIS.

Al 20 de agosto, el costo promedio de la enfermedad era de 385,375 pesos; para quienes ingresan a la unidad de cuidados intensivos, el costo promedio alcanza 946,949 pesos, mientras que, en el caso de pacientes que requieren intubación, el costo promedio entre los asegurados de AMIS es de 4.8 millones de pesos.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el ingreso promedio de las familias en México ronda apenas 200,000 pesos al año, lo que significa que, pagar atención para uno de los integrantes en un hospital privado podría consumir los ingresos de dos años, en el caso de una hospitalización sin mayores complicaciones. Sin embargo, en el caso de una hospitalización privada con intubación, una familia consumiría el equivalente a sus ingresos de 25 años.

Actualmente, AMIS tiene el reporte de un caso de un paciente en tratamiento donde la cuenta ya rebasa 16.4 millones de pesos.

Javier Potes, director del Consorcio Mexicano de Hospitales, explica que los costos de atender Covid-19 resultan elevados principalmente porque los insumos han tenido un aumento en precio y eso incrementa los precios de la atención en general.

“Hemos notado el aumento en los precios y hemos estudiado qué ocurre pues hay establecimientos que están reportando márgenes muy altos. Este fenómeno no es positivo. En mayoría de los casos, los hospitales están haciendo esfuerzos por contener ese impacto en el precio de la atención, pues tener márgenes altos tienen como consecuencia el encarecimiento de las primas y eso eventualmente se traduce en menos personas con un seguro que les permita costear la atención”, refiere Potes.

En México sólo 9.6 millones de personas tienen un seguro privado de gastos médicos y, de ellos, son 8 millones los que tienen coberturas de pago directo al hospital o reembolso. Es decir, sólo seis de cada 100 personas en México tienen un respaldo que les permita costear atención en clínicas y hospitales privados sin que esto genere un daño patrimonial a las finanzas de los familiares.

Javier Potes explica que la AMIS y el Consorcio de Hospitales suelen tener reuniones para aclarar dudas sobre los costos de la enfermedad e incluso las aseguradoras y los hospitales pueden hacer revisiones sobre casos específicos donde los costos se hayan disparado. Cuestionado sobre qué alternativas tienen los pacientes de hospitales privados que no cuentan con el apoyo de una aseguradora, Potes explica que hay algunas opciones.

“Cuando la cuenta empieza a dispararse y la familia manifiesta que quizá no podrá hacer frente al pago, el procedimiento a seguir es apoyarle a buscar el traslado a alguna institución pública que tenga lugar para recibir al paciente. Cuando ocurre un caso en el que, ya cerrada la cuenta, la familia desea realizar una revisión, lo ideal es que lo manifiesten al hospital o busquen asesoría en Profeco para contar con un mediador”.

Cuestionado sobre qué medidas de solidaridad pueden emprender los hospitales privados en la contingencia, Potes destaca el acuerdo de colaboración en que hospitales privados reciben a pacientes provenientes del sector públicos para atender padecimientos y liberar capacidad para que el sector público atienda a más pacientes Covid.

“Con este convenio se han atendido 11,500 pacientes y en Nuevo León se incluyeron 12 padecimientos en el catálogo de atención”, detalla.

El 31 de julio, la diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa busca evitar que pacientes y sus familiares sean víctimas de abusos en los cobros en establecimientos privados

Azuara Yarzábal expresó que los precios son descomunales por atender a un paciente de coronavirus. “Esta situación denota una falta de solidaridad y apoyo con las familias, que están enfrentando el infortunio de tener algún enfermo grave por Covid-19 y ahora tienen el reto de pagar cuantiosas cantidades de dinero a las instituciones que han lucrado con el dolor y la necesidad de muchas familias, sobre todo de clase media”, expresó.

Al respecto, la dirección general de Información Institucional de la Procuraduría Federal del Consumido (Profeco), dijo a Forbes México que “Se trata de una propuesta; todavía no es punto de acuerdo. De manera oficial, será la Secretaría de Economía la que eventualmente responda, por ser el enlace con el Poder Legislativo”.

De acuerdo con la Profeco, no existen precios máximos sobre los servicios médicos, hospitalarios o de cualquier otra clase de trabajo que pudieran estar regulados por el Gobierno Federal.

“La Profeco carece de competencia para fijar honorarios médicos ni de ninguna otra profesión; tampoco puede establecer precios de los servicios médicos ni de los de ninguna otra profesión. Puede haber en algunos casos, que ellos mismos, léase los médicos o los hospitales, a nivel asociaciones entre ellos, puedan fijar promedios para cobros de esos conceptos, pero la Profeco no tiene conocimiento de que así sea”, señala la dependencia.

A nivel local, las delegaciones de Profeco de Michoacán, Baja California y Jalisco han emprendido operativos enfocados en que las instituciones privadas cumplan con la NOM 071-Secofi 2008 y tengan a la vista el catálogo de precios de los servicios y medicamentos.

“Habitualmente los hospitales no tienen planes de pagos o facilidades. Hay algunos bancos ofrecen planes de financiamiento. Yo no conozco algún hospital que te ofrezca planes de pagos. En el último de los casos cuando no les alcanza, el hospital te pide un pagaré con escrituras de por medio”, señala un médico que labora en un hospital privado y trata Covid-19, que solicitó no ser identificado.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal 42.4% de las personas que han fallecido en el país estaban en edad productiva pues tenían entre 18 y 59 años. Esto implica un impacto patrimonial en las familias pues muchas veces, los familiares en edad productiva son el principal sustento.

Un análisis de Mariano Sánchez Talanquer, profesor investigador del CIDE, publicado en la revista Nexos, arroja que 44% de los pacientes que se hospitalizan en el IMSS para el tratamiento de Covid-19 muere, en el ISSSTE, la proporción alcanza 32%, mientras que en las instituciones privadas, sólo 15% de los pacientes que ingresan, fallecen.

Hector Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), explica que es injusto aseverar que la atención privada es el único diferencial en los índices de mortandad de uno u otro sistema, pues los médicos en el sector público reciben pacientes en condiciones más críticas.

“Por el nivel de consciencia e información sobre la enfermedad, los pacientes que llegan a los servicios públicos usualmente llegan más tarde que quienes acuden a recibir atención privada. Adicionalmente, como no existe como tal una cura o un protocolo único de medicamentos para la enfermedad el acceso a los medicamentos o protocolos experimentales puede marcar la diferencia en la evolución de la enfermedad”, señala.

Para el director de Funsalud, el momento de llegada es clave para determinar las oportunidades que tiene un paciente para sobrevivir al coronavirus, sin embargo, admite que justo las personas de más bajos ingresos se encuentran en desventaja debido a que deben trabajar para proveer a sus familias.

“¿Qué se recomienda para que los costos de la enfermedad no sean catastróficos?, que las personas acudan al servicio al que tienen derecho. Una persona con un seguro de gastos médicos puede recibir atención médica privada sin preocuparse porque pagará su seguro, pero el resto de la población también tiene derechos ya sea porque es derechohabiente de IMSS o ISSSTE o porque es candidato a la cobertura de salubridad. Esta pandemia nos deja una buena experiencia de colaboración entre el sector público y privado, que, esperamos, se pueda ampliar aún más con el tiempo”, afirma Valle.

Fuente: https://www.forbes.com.mx/