Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá invalidar, por inconstitucional, el acuerdo aprobado por el Congreso de Nuevo León con el cual ha buscado destituir del cargo al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y al secretario de gobierno Manuel González.
Milenio conoció el proyecto de sentencia de la controversia constitucional 310/2019 del ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá que será sometido a discusión mañana en la Primera Sala de la Corte.
El proyecto menciona que la legislatura local violó la ley porque creó un procedimiento especial para sancionar a El Bronco y al secretario, “en lugar de apegarse al sistema de responsabilidad contemplado a nivel constitucional” y también previsto en la legislación estatal.
Es decir, el procedimiento de responsabilidades contra el gobernador, por el uso parcial de recursos públicos con fines electorales por construir su candidatura independiente a la Presidencia para obtener su registro, debió haber comenzado con la acusación en la Cámara de Diputados y, posteriormente por la resolución declarativa de la Cámara de Senadores, para llevarlo a juicio político, donde se le podría destituir e inhabilitar para ocupar cualquier cargo público.
Rodríguez Calderón promovió la controversia constitucional contra el dictamen aprobado por el Congreso de su estado el 23 de septiembre de 2019, denominado Reglas Procesales para Aplicarse dentro del Expediente 11841/LXXIV en cumplimiento de la sentencia SRE-PSC-153/2018, emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fallo que confirmó la Sala Superior.
La Sala del TEPJF determinó que El Bronco y otros servidores públicos son responsables por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos ciudadanos en días y horas en favor de Rodríguez Calderón para obtener su registro como candidato independiente.
En el proyecto del ministro González Alcántara se indica que el tipo de responsabilidad al que debe enfrentarse el gobernador no puede encuadrarse en las responsabilidades penales o administrativas.
«Esta Primera Sala tampoco considera que el parámetro de control en este caso pueden ser las reglas que rigen el sistema de responsabilidad penal del Título Cuarto de la Constitución Federal por el tipo de conducta que se acreditó”.
El ministro detalla que la conducta acreditada a el gobernador fue el uso parcial de recursos públicos con fines electorales y no la comisión de algún delito.
Por tanto, tampoco se pueden utilizar las reglas del sistema de responsabilidad penal, porque no se dan los supuestos constitucionales para que el Congreso local ejerza sus facultades relativas a un juicio de responsabilidad penal.
González Alcántara menciona que en la controversia constitucional 21/99, el Pleno de la Corte determinó que los gobernadores estatales podían ser sujetos de juicio político en el ámbito federal, dependiendo de si los hechos de la denuncia se encuentran vinculados a cuestiones federales.
El ministro señaló que el artículo 110 constitucional prevé los casos en que pueden ser sujetos de juicio político los ejecutivos de entidades federales. Esto es, por una violación grave a la Constitución Federal y a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
“En opinión de esta Primera Sala, las Reglas Procesales que el Congreso local expidió a través del Acuerdo impugnado para sancionar al titular del Poder Ejecutivo local son inconstitucionales porque no se ajustan al sistema de responsabilidad previsto en el Título Cuarto de la Constitución Federal”, detalla el proyecto.
El ministro destaca que el Congreso local creó un procedimiento especial para sancionar a El Bronco, “en lugar de apegarse al sistema de responsabilidad contemplado a nivel constitucional y también previsto en la legislación local”.
En tanto, se necesitan tres votos para avalar el proyecto. Desde que el asunto llegó a la Corte, las ministras Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Peña Hernández, votaron en contra de admitirlo, pro ahora falta conocer la opinión de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Fuente: Milenio