Latinoamérica es hoy uno de los epicentros de la pandemia de covid-19, que sigue en rápida expansión. Los Gobiernos del continente, como en el resto del mundo, han decretado medidas de cuarentena más o menos estrictas para frenar la circulación del virus, pero parte de su población no puede quedarse confinada en casa: si no sale se queda sin ingresos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se suma ahora a otros organismos, como la CEPAL, al proponer una renta básica temporal durante la pandemia que garantice ingresos suficientes para que la población pueda permanecer en casa y se frene la expansión del coronavirus. De ponerse en práctica, entre 378 y 521 millones de latinoamericanos se verían beneficiados por la medida.
“A nivel global hemos llegado a más de 14,5 millones de casos esta semana. En tres meses se contó un millón de víctimas, pero luego se ha aumentado a razón de un millón a la semana, y últimamente, un millón cada cuatro o cinco días”, advierte George Gray Molina, jefe de política estratégica y economista del PNUD, sobre la importancia de actuar con rapidez. En América Latina la cifra de infectados supera los cuatro millones y las víctimas mortales se acercan a 170.000, sin tener en cuenta el subregistro que se da en muchos países. “La curva se está acelerando porque el virus está afectando a algunos de los países más poblados y pobres del mundo”, agregó durante un encuentro virtual con periodistas para presentar el informe Ingreso básico temporal: protección de personas pobres y vulnerables en países en desarrollo, publicado este jueves.
El PNUD sostiene que los países con economías menos desarrolladas pueden garantizar esta renta básica temporal, que impida que nadie tenga ingresos por debajo de la línea de pobreza, ya sea completando los recursos que perciben o transfiriendo una suma fija de unos 5,50 dólares al día. Dependiendo de una u otra opción, aumenta el número de personas beneficiadas y el costo. El informe apunta a tres posibles fuentes de financiación: fondos que iban a ser destinados al pago de la deuda, subsidios a los combustibles fósiles e impuestos internos. El G20 ha concedido a los 77 países más pobres del mundo una moratoria del pago de la deuda este 2020, pero la ONU quiere que se extienda también a los de ingresos medios, lo que liberaría 3,1 billones de dólares en total, suficientes para cubrir parcial o totalmente —según la opción— la renta básica temporal propuesta para unos 3.000 millones de personas en todo el mundo.
“No es más del 1% del PIB una transferencia única por tres meses, se duplica si son seis meses. Fiscalmente no es una cantidad imposible”, asegura el director general del PNUD para la región, Luis Felipe López-Calva. En su opinión, el continente cuenta con la ventaja de “una tradición de casi dos décadas en la transferencia de ingresos” que se ha visto reflejada en el rápido fortalecimiento de los programas sociales ya existentes en una veintena de países. Entre quienes han concedido ayudas extraordinarias está Argentina, con el Ingreso familiar de emergencia (IFE), Colombia con el Ingreso solidario o Brasil. Al igual que propone el PNUD, en los subsidios aprobados son temporales y no a largo plazo.
López-Calva subraya que la mayor dificultad está en localizar aquellos que hoy no reciben ayudas, pero están en una situación de gran vulnerabilidad temporal debido a la crisis económica y social. El PIB regional se contraerá casi un 10% en 2020, su mayor caída en décadas, según las estimaciones del FMI, y otros 45 millones de personas caerán en la pobreza, de acuerdo con la CEPAL.
La propuesta del PNUD está dirigida a gobiernos, a la sociedad civil y también a la comunidad internacional y a las agencias de desarrollo, para que en sus programas de apoyo y líneas de crédito futuras incorporen estas medidas.
“Es una crisis de salud sin precedentes en décadas, pero también una crisis de gobernanza, porque ha puesto a prueba la capacidad del sistema para responder en salud, educación, economía”, continúa López-Calva en la entrevista por Zoom. El confinamiento obligatorio no solo ha empobrecido aún más a una importante capa de la población latinoamericana sino que, además, ha dejado en evidencia las enormes desigualdades estructurales de la región, profundizándolas aún más. Los países deberían poner en marcha un diálogo social amplio para pensar “una nueva normalidad más incluyente” en los años de reconstrucción pospandemia, concluye.
Fuente: El País