En Cochabamba, en lo alto de los Andes bolivianos, la gente hace cola diariamente en las afueras de las farmacias en la plaza central, deseosos de comprar el escaso elixir que esperan que ahuyente al COVID-19: el dióxido de cloro, una especie de lavandina utilizada para desinfectar piscinas y suelos.

Los expertos dijeron que beberlo no tiene sentido en el mejor de los casos y es peligroso en el peor. Pero en Bolivia, donde la gente ha sido hospitalizada después de ingerir dióxido de cloro, las autoridades regionales lo están probando en los reclusos, el Senado nacional aprobó su uso la semana pasada, y un alto legislador ha amenazado con expulsar a la Organización Mundial de la Salud por oponerse a su uso médico.

Julio César Baldivieso, héroe del fútbol local y ex capitán de la selección nacional, dijo a un canal de televisión local que debido a que los hospitales de Cochabamba «no tienen pruebas, no tienen materiales, no tienen equipo de protección», él y su familia habían recurrido al dióxido de cloro para tratar sus síntomas de coronavirus.

Los bolivianos tienen mucha compañía -incluso el presidente Donald Trump- al recurrir a tratamientos no comprobados e incluso peligrosos para prevenir o tratar la infección. En todas partes del mundo, la ciencia dura ha tenido que competir por la atención con las teorías, los rumores y las creencias tradicionales durante esta pandemia, como en el pasado.

Pero el interés por remedios dudosos ha sido especialmente alto recientemente en América Latina, donde el virus hace estragos de forma descontrolada y muchos líderes políticos de la derecha y la izquierda los promueven, ya sea por una fe genuina o por el deseo de ofrecer esperanza y desviar la culpa.

En una región en la que pocas personas pueden permitirse una atención médica de calidad, los tratamientos alternativos se promocionan ampliamente en los medios sociales y son explotados por los especuladores.

«La gente se siente desesperada cuando se enfrenta al COVID-19», dijo Santiago Ron, un profesor de biología ecuatoriano, que se ha enfrentado a los defensores de supuestos tratamientos, incluidos los legisladores. «Son muy vulnerables a las promesas pseudocientíficas».

El coronavirus ha infectado a más de 3 millones de personas y ha matado a unas 160.000 en América Latina, según cifras oficiales, lo que convierte a la región en una de las más afectadas por la pandemia mundial. Y los expertos y los análisis estadísticos indican que el número real de víctimas es mucho más elevado, lo que queda oculto por los limitados recursos médicos y de pruebas y por la resistencia de algunos gobiernos a reconocer públicamente el alcance de la crisis.

COVID-19 ha golpeado los ya frágiles sistemas de atención de la salud, y las medidas de bloqueo han devastado las economías sin controlar el virus.

Los científicos están probando una amplia gama de tratamientos no probados, pero las probabilidades de que alguno de ellos sea útil se consideran bajas, y se sabe que algunos de ellos son potencialmente perjudiciales. En muchos casos, todavía no hay pruebas sólidas sobre si funcionan contra el coronavirus.

Una de esas drogas que genera un intenso interés es la ivermectina, que se utiliza para tratar las lombrices intestinales. Dos ministros del gabinete brasileño anunciaron el lunes que habían dado positivo en el test de coronavirus, y uno de ellos dijo que lo estaba tratando con ivermectina, entre otras drogas.

El gobierno de Perú compró la ivermectina para combatir la pandemia y ha continuado promoviéndola, incluso después de que la OMS dijera que no debía usarse para el coronavirus. Esto ha alimentado la explosión de un mercado ilegal para la versión veterinaria de la ivermectina, obligando al gobierno peruano – y a la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos – a advertir a los ciudadanos contra el uso de drogas destinadas a los animales de granja.

Aún así, en el pequeño pueblo de Nauta, en la Amazonia peruana, el gobierno local y los grupos religiosos llegaron a dar ivermectina veterinaria a adultos y niños de hasta cuatro años, según los medios de comunicación locales y un grupo de derechos humanos.

Trump ha especulado sobre ideas infundadas como el tratamiento del virus con potentes luces o inyecciones desinfectantes. Ha promocionado repetidamente el medicamento antipalúdico hidroxicloroquina, calificándolo de «hito» en la pandemia, a pesar de las investigaciones científicas que afirman lo contrario, y ha dicho que lo tomó durante dos semanas.

Pero en los Estados Unidos, la hidroxicloroquina no tiene ni de cerca el apoyo oficial que tiene en algunas partes de América Latina.

En Brasil, con el segundo mayor número de casos y muertes por coronavirus del mundo después de los Estados Unidos, el presidente Jair Bolsonaro ha promovido implacablemente la droga, incluso después de que él mismo desarrollara COVID-19, a pesar de haberla tomado durante meses. Ordenó a los militares que la produjeran en masa, y después de su diagnóstico agitó un paquete de la misma antes de animar a sus seguidores.

Los gobiernos de El Salvador, Perú y Paraguay han comprado hidroxicloroquina para tratar el coronavirus.

Los estudios han demostrado que la droga no disminuyó la posibilidad de infección, ni redujo la gravedad del COVID-19 ni aceleró la recuperación. Pero es potencialmente peligrosa, en particular para las personas con ritmos cardíacos anormales.

En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que está luchando por proporcionar incluso agua corriente y jabón a hospitales en ruinas, se ha jactado de obtener de su aliada Cuba decenas de miles de dosis de una droga, el interferón alfa-2b, utilizada contra virus y cánceres, para combatir la pandemia. Las clínicas gubernamentales ahora requieren que los pacientes con síntomas de coronavirus tomen la droga.

Pero aún no ha habido pruebas definitivas de que esta droga en particular, una de las muchas de la clase del interferón, funcione contra el coronavirus, y en los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud no recomiendan actualmente su uso en pacientes con COVID-19.

Siguiendo el ejemplo de Bolivia, el Congreso de Ecuador discutió recientemente si permitir el dióxido de cloro como tratamiento contra el coronavirus, y 10 obispos católicos romanos locales han pedido su uso.

El producto químico se ha comercializado durante mucho tiempo sin aprobación oficial, incluso en los Estados Unidos, como una cura para dolencias desde el SIDA hasta el autismo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha dicho repetidamente que no tiene ningún valor médico y que puede tener efectos potencialmente letales, incluyendo «vómitos severos, diarrea severa, baja presión sanguínea que pone en peligro la vida causada por la deshidratación y la insuficiencia hepática aguda».

Según el Ministerio de Salud, en las últimas semanas se ha hospitalizado al menos a 10 bolivianos con intoxicación por dióxido de cloro.

Pero el miércoles, Efraín Chambi, el líder de la mayoría del Senado nacional, dijo que su partido pedirá a la OMS que abandone el país si continúan advirtiendo a la gente que no tome dióxido de cloro.

«No le están haciendo ningún favor al pueblo boliviano», dijo. «Creemos que están del lado de las grandes empresas multinacionales».

Tras contener la enfermedad con éxito durante meses, Bolivia, uno de los países más pobres de América Latina, sucumbió este mes a un brote agresivo que ha desbordado los hospitales. Esta semana, la policía recogió cientos de cuerpos de presuntas víctimas de COVID-19 en las calles y hogares de las ciudades de Santa Cruz y La Paz; y el jueves, el gobierno aplazó las elecciones nacionales de septiembre a octubre, alegando problemas de salud.

El virus se extendió rápidamente por las altas esferas del poder, infectando a la presidenta interina, Jeanine Añez, y a la mitad de su gabinete, alimentando una sensación de impotencia. Políticos y figuras públicas populares comenzaron a promover el dióxido de cloro como tratamiento alternativo.

El Senado, controlado por la oposición, aprobó la semana pasada un proyecto de ley que permitiría a los gobiernos locales suministrar la solución de forma gratuita para uso médico, a pesar de las protestas del Ministerio de Salud. Añez ha guardado silencio sobre la controversia, ya que su candidatura electoral pierde apoyo.

En Cochabamba, en el centro del país, donde una botella de solución de dióxido de cloro se vende a 8 dólares – cuando se puede encontrar – los residentes bloquearon el camino a la planta de tratamiento de residuos municipales hasta que las autoridades locales prometieran proporcionarla gratuitamente.

Baldivieso, de 48 años, el entrenador de fútbol, dijo que él y toda su familia comenzaron a beber el producto químico después de experimentar por primera vez los síntomas del coronavirus. Dijo que tuvo que esperar 15 días para el resultado de la prueba, que resultó positivo.

«¿Y si no hubiéramos hecho nada en todo ese tiempo?», dijo.

En una de las capitales de Bolivia, Sucre, los funcionarios de salud locales comenzaron la semana pasada a hacer pruebas de dióxido de cloro en 200 internos y guardias de la prisión local, algunos con síntomas de coronavirus. El jefe de la prisión, Ludwin Miranda, dijo que todos los participantes habían firmado los formularios de consentimiento.

En San José de Chiquitos, un pueblo del este de Bolivia de 30.000 habitantes, el alcalde distribuyó dióxido de cloro a los centros médicos locales para tratar el virus.

«La aplicación de dióxido de cloro ha dado resultados perfectos en la recuperación de pacientes críticos», dijo el alcalde, Germaín Caballero, a una estación de televisión local la semana pasada. «Hemos logrado controlar la pandemia».

Los expertos médicos dijeron que el dióxido de cloro es, en el mejor de los casos, un placebo – y, como con cualquier placebo, la gente podría atribuirle el mérito de su recuperación.

Los que abogan por el dióxido de cloro «crean una falsa sensación de seguridad», dijo en una entrevista Virgilio Prieto, director de epidemiología del Ministerio de Salud de Bolivia. «Al promover su uso indiscriminado e irresponsable, están poniendo en riesgo a la población».

Fuente: The New York Times Company