Los ciudadanos de la UE seguirán sin necesitar visado para visitar el Reino Unido a partir del próximo 1 de enero, pero deberán obtener, como el resto de extranjeros, un “permiso de viaje” cuyo sistema de solicitud estará plenamente en vigor a partir de 2025. “Todo aquel que desee viajar al Reino Unido (salvo los ciudadanos británicos e irlandeses) deberá solicitar un permiso previo para facilitar el acceso de viajeros ‘legítimos’ y mantener alejada de las fronteras del país cualquier posible amenaza”, dice el documento del Ministerio del Interior publicado este lunes, que amplía y detalla el nuevo plan de inmigración de la era post-Brexit. “Nuestro sistema de Autorizaciones Electrónicas de Viaje exigirá a los solicitantes pasar por un proceso simple que permita poder realizar controles de seguridad y decisiones más informadas, gracias a los datos obtenidos en una fase previa, sobre la idoneidad o no de entrada en el Reino Unido”, dice el texto.
Los euroescépticos británicos impulsaron el triunfo del Brexit a lomos del anhelo de seguridad de muchos ciudadanos, y el nuevo esquema de inmigración (y sobre todo, el modo de anunciarlo) sigue utilizando esos temores. El nuevo texto anticipa que el Gobierno podrá rechazar la entrada de aquellos que hayan sido condenados en sus países a cualquier pena por encima de un año de prisión, a pesar de que la hayan cumplido. La ambigüedad de las medidas llega al punto de reservarse el derecho de admisión respecto a aquellas personas “cuyo carácter, conducta o asociaciones supongan que su presencia [en el Reino Unido] no sea favorable al interés general”.
El nuevo sistema de inmigración es uno de los proyectos estrella del Gobierno de Boris Johnson, capitaneado por su ministra del Interior, Priti Patel, quien se ha ganado en estos años la fama de dura política conservadora. Hace especial énfasis en premiar el talento a la hora de permitir la entrada al país y responder a las demandas de trabajo más urgentes, y coloca a los ciudadanos de la UE en el mismo saco que a los de otros países. “El Sistema de Puntos será un sistema justo, porque trataremos de un modo igualitario a las personas procedentes de todo el mundo”, asegura el nuevo texto.
El anuncio aporta nuevos detalles sobre un sistema que se dio a conocer en sus líneas generales el pasado febrero, y que establece, negro sobre blanco, el fin del libre movimiento de personas en el ámbito comunitario del que aún participaba el Reino Unido. Se acabó la aventura británica para todos aquellos que, en los últimos años, accedían al país como turistas (a Londres, especialmente) para entrar a continuación en el mercado laboral o ampliar sus estudios. “No habrá derecho a cambiar, para aquellos que se encuentren en el Reino Unido en condición de turistas o de empleados temporales, a una situación de trabajo o de estudio estables”, advierte el Ministerio del Interior en sus nuevas reglas.
La vía de entrada al mercado laboral británico será, para las personas de la UE, como la ya existente en otros países como Australia, en cuyo modelo se ha inspirado el Gobierno de Johnson. Se requerirán 70 puntos, que se irán sumando a partir de unas condiciones o cualidades determinadas. Tres de ellas -las que suman los tres primeros puntos- serán innegociables: una oferta de trabajo previa por parte de una empresa (20 puntos); un nivel mínimo de cualificación académica o profesional (10 puntos) y un nivel intermedio de inglés (10 puntos). A partir de ahí, otra serie de factores ayudarán a la acumulación de puntos extra. Por ejemplo, el salario ofrecido (con el límite mínimo de 22.000 euros anuales) o las titulaciones académicas. En el caso del sueldo mínimo permitido, el Gobierno británico asegura que se trata de una rebaja de 30% respecto a la pretensión inicial, y que solo tendrá vigor durante un plazo de tres años, ya que “en muchos casos supondrá que el solicitante recibiría menos del Salario Mínimo Vital del país”.
Los ciudadanos comunitarios que ya residen en el Reino Unido o que entren al país antes del próximo 31 de diciembre pueden acogerse al llamado EU Settlement Scheme (Esquema de Asentamiento para ciudadanos de la UE), que preserva los derechos de los que gozaban hasta ahora. El Gobierno británico ha procesado ya casi tres millones y medio de esas solicitudes. “Ahora que ya hemos abandonado la Unión Europea, podemos liberar todo el potencial pleno de este país y desarrollar los cambios que permitan recuperar la confianza en nuestro sistema de inmigración y lograr un sistema más justo, firme y basado en el talento a partir del próximo 1 de enero”, ha anunciado Patel.
Downing Street es muy consciente de la necesidad de mano de obra de otros países (especialmente de la UE) en su sanidad pública y en sus servicios de asistencia social. Por eso ha incluido en el nuevo sistema un Visado de Salud y Cuidados Sociales para aquellos trabajadores que hayan recibido una oferta de empleo por parte del NHS (Servicio Nacional de Salud, en sus siglas en inglés), o de alguna empresa de asistencia sanitaria o social subcontratada por esa entidad. A condición de que tengan un buen nivel de inglés. En el caso de estas personas, se rebajarán notablemente las tasas obligatorias (a cargo de la empresa contratante) y quedarán exentos del llamado Sobrecargo Inmigratorio de Salud. Es la cantidad que cualquier recién llegado deberá pagar por disfrutar de los servicios de salud públicos. Durante la crisis del coronavirus, hubo un clamor por parte de profesionales y de la oposición política cuando se supo que el Gobierno de Johnson pensaba cobrar ese recargo a los médicos y enfermeros que habían estado en primera línea de batalla de la pandemia.
La llamada Ruta de los Licenciados permitirá a los recién salidos de una universidad británica permanecer hasta dos años en el país (en el caso de grado o máster) y hasta tres años si obtienen un doctorado. Es la demostración clara de que, en la era post-Brexit, la prioridad del Gobierno británico será la captura del talento, venga de donde venga. El sistema Global Talent, incorporado al nuevo plan de inmigración, facilitará la vía de acceso a todos aquellos científicos y expertos patrocinados previamente por instituciones como la Royal Society, Royal Academy of Engineering, UK Research and Innovation (Investigación e Innovación) o Arts Council England. En estos casos, el inglés ya no será una condición ineludible.
Fuente: El País