De acuerdo con un informe oficial difundido este viernes, en 2018 -último año del ex Mandatario Michel Temer- había un total de 2 mil 765 militares en puestos gubernamentales, mientras que en lo que va de 2020 se han registrado 6 mil 157.
El total de militares activos y de la reserva en cargos civiles del Gobierno fue calculado por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) a petición de un juez que exigía una aclaración sobre la creciente «militarización» de una Administración en la que nueve de los 22 Ministros han pertenecido a las Fuerzas Armadas.
Según el organismo controlador, en 2019 había 3 mil 515 militares en el Gobierno. Sin embargo, dicha cifra tuvo un salto de 75.2% en el segundo año de gestión de Bolsonaro. En comparación con 2018, la brecha fue del 122.7%.
Casi la mitad del gabinete ministerial de Bolsonaro es ocupado por militares, entre los que hay dos oficiales aún activos: el Ministro de la Defensa, Fernando Azevedo, y el interino de Salud, Eduardo Pazzuelo. Luiz Eduardo Ramos, hasta la semana pasada encargado de la Secretaría de Gobierno luego del anuncio de su retiro, también era un general en activo.
Además, el propio Ejecutivo brasileño -un capitán de la reserva del Ejército quien ha expresado su admiración por la dictadura militar que gobernó la nación sudamericana entre 1964 y 1985- y el Vicepresidente Hamilton Mourao, un general de la reserva de las Fuerzas Armadas, son dos cabezas gubernamentales que también tienen vínculos con la milicia.
Por otro lado, los tres Ministros restantes que despachan directamente en el Palacio presidencial de Planalto son militares. Además de Ramos, los titulares de Casa Civil, el general de la reserva Walter Braga Netto; del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno Ribeiro; y el de la Secretaría General, el mayor de la reserva de la Policía Militar Jorge Oliveira, también ejercen desde la sede de Gobierno.
Conjuntamente, uno de los órganos públicos que más ha abrigado a militares ha sido el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Dicho entre ha mantenido entre su personal a mil 969 funcionarios procedentes del Ejército brasileño a causa de la determinación de Bolsonaro de contratar a miembros de la Armada para ayudar a descongestionar las filas de pensionistas en busca de atención.
Bruno Dantas fue el juez que exigió a la Administración federal de Brasil transparentar el listado de militares en cargos civiles, bajo el argumento de que era «importante» que la sociedad supiera «exactamente» dicha información, «dados los riesgos de desvirtuación de las Fuerzas Armadas que ello puede representar».
«Las alusiones a una posible militarización excesiva del servicio público civil son constantes. Se trata de una cuestión relevante que ha levantado la preocupación de sectores importantes de la sociedad», señaló el magistrado en su petición.
Anteriormente, en junio pasado, el magistrado Luis Roberto Barroso -uno de los integrantes de la Corte Suprema de Brasil- también enunció su consternación de cara al alto número de militares en cargos de Gobierno y aseguró que eso había sido lo que «ocurrió en Venezuela».
Gilmar Mendes, otros de los altos funcionarios del Supremo, se unió a las críticas por las cifras de personas vinculadas al Ejército que han pasado a formar parte de la estructura burocrática brasileña, sobre todo en Ministerios como el de Salud.