La memoria de los últimos meses en Guanajuato está llena de violencia y dolor en un contexto de inseguridad donde los grupos criminales se acumulan y diversifican, las plazas están en disputa y el Estado, se aferra a la “administración” de la tragedia.

Un penoso suceso, marcado por el crimen organizado, fue la irrupción en el anexo “Buscando El Camino A Mi Recuperación”, mismo que dejó 28 personas asesinadas y varias heridas.

Esta masacre pone en el ojo del huracán a una población que ha sido afectada en los últimos trece años: los jóvenes. Desde el período 2008-2013, se cuentan decenas de masacres en contra de hombres jóvenes internados en centros de rehabilitación, principalmente en ciudades con altos índices de violencia y confrontación entre grupos criminales en estados como Chihuahua y Coahuila.

El modus operandi se ha vuelto típico: Grupos armados ingresan a centros conocidos como “Anexos” que se ubican en zonas marginadas, que en su mayoría, no cuentan autorización del Estado para realizar tratamientos de rehabilitación en favor de adictos a las drogas. Estas irrupciones terminan con el asesinato de decenas de jóvenes de escasos recursos.

Si bien la noticia circula por días en prensa y redes sociales, los diversos casos la investigación de los hechos terminan diluidos entre discursos del gobierno y cierran de golpe cualquier proceso de verdad.

La falta de un análisis de contexto de autoridades federales y locales frente a la sistematicidad de las ejecuciones en centros de rehabilitación por parte de la delincuencia organizada, ha permitido que estas se repliquen, como en Guanajuato.

La masacre del 1 de julio en Irapuato nos recuerda la convergencia entre uso de drogas y las personas de escasos recursos, en medio de la estrategia nula que mantiene a México en contra del mercado de drogas declaradas ilícitas.

Desde 2015 el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, advertía que, de los 2,000 centros para tratamiento de consumo problemático de drogas, solo el 43% son públicos y estimaron que alrededor de 35,000 personas que usan drogas en México se encuentran en centros privados que no cumplen con los requisitos contemplados en la Norma Oficial de la Secretaría de Salud.

El Estado desconoce su deber de monitorear las instituciones que brindan servicios de salud, independientemente de si son públicas o privadas, como es el caso de los “Anexos”, incurriendo en violaciones al derecho a la salud.

López Obrador y los gobiernos locales están obligados a redirigir la estrategia y el discurso. Los pasos a seguir para que las masacres en los centros de rehabilitación cesen.

Si bien la inseguridad y la violencia, son monstruos de múltiples cabezas, es necesario articular la institucionalidad y la constitucionalidad, frenar la impunidad y garantizar una reparación integral.

Aletia Molina
@AletiaMolina