De las consecuencias más graves de la crisis económica por la que estamos atravesando es que los habitantes, no sólo, pero sí señaladamente en las grandes ciudades, enfrentan problemas para pagar sus rentas, causando efectos como numerosos desalojos y/o abandono repentino de las viviendas y de otros tipos de propiedades.
En nuestro país, más de 50% de los esquemas de arrendamiento, de larga o corta temporalidad, no cuentan con un contrato privado de adhesión. Esto dificulta la adecuada aplicación de la normatividad, independientemente de lo mucho o poco que resulte justo social y económicamente.
En la República cada legislación particular en la materia tiene un distinto modo; algunas leyes tienden a dejar más en desventaja al arrendador, otras —las menos, aunque las hay— son al revés. En todo caso, ante una situación económica precaria, los márgenes de riesgo para ambas partes se está incrementando desbordadamente.
Frente a esta coyuntura se antojan soluciones extraordinarias como el otorgamiento de subsidios a la población que arrienda un bien inmueble o la puesta en marcha de programas masivos y generalizados de congelamiento de rentas.
En el congreso de la CDMX se han planteado últimamente al menos tres propuestas de este tipo para reformar la regulación del mercado de rentas en la capital. Ninguna ha prosperado…
Por ejemplo, en España, durante los últimos meses, ha entrado en operación un esquema. Se ha presentado algo denominado “justicia elemental”. Básicamente, lo que se ha hecho es congelar las rentas en las grandes urbes e, incluso para ciertos sectores de la población, los gobiernos locales autorizaron abiertamente no tener que pagarlas.
¿Sería esta una solución aquí?
Si se piensa en un esquema de corto plazo… quizá. La gran limitación y que la hace que no aplique en México, es que lo temporal suele convertirse en permanente.
Todo esto terminaría por achicar el mercado de las rentas en las ciudades, desplazarlo hacia municipios aledaños que no pertenecen a las metrópolis o, bien, afectar negativamente en la calidad y en el mantenimiento de los bienes arrendados. Eso, además del riesgo de que el arrendatario no pueda volver a actualizar nunca los niveles de renta o, peor aún, esté impedido de desalojar a sus inquilinos ante la violación de contrato.
Incorporar estos mecanismos de apoyo, así sea por situaciones extraordinarias, conlleva un enorme riesgo para el mercado inmobiliario en un país donde, en general, el estado de Derecho es casi inexistente.
Por favor, sería prácticamente imposible estructurar acciones en México sin temor a que estas tengan consecuencias negativas, muchas de ellas irreversibles y de impacto a nivel individual, además de sistémico.
La intervención del Estado para implementar esquemas de apoyo de manera forzada, con respecto y desde el punto de vista de la propiedad privada, de parte de un sector de la sociedad en favor de otro, en naciones como la nuestra, nunca han resultado positiva a largo plazo para la economía en su conjunto.
Tristemente hay demasiado abuso de la ley de todas las partes.
Aletia Molina
@AletiaMolina