De acuerdo con la ONU, el COVID-19 ha exacerbado las desigualdades que ya existen a nivel mundial además de generar nuevas disparidades que están perjudicando en mayor medida a las personas más vulnerables.
Teniendo en cuenta que hasta 100 millones de personas más se verán sumidas en la pobreza extrema en 2020, que hay mil 400 millones de niñas y niños afectados por el cierre de las escuelas y que se registran niveles récord de desempleo y pérdida de medios de vida el PNUD estimó que el desarrollo humano global va camino de retroceder este año por primera vez desde que se estableció el concepto.
La ONU propuso la aplicación inmediata de una renta básica o un ingreso mínimo temporal para unos 2 mil 700 millones de personas de 132 países que viven por debajo o muy cerca del umbral de la pobreza, más de un tercio de la población mundial, con el fin de frenar el avance del coronavirus.
De acuerdo con el informe ‘Temporary Basic Income: Protecting Poor and Vulnerable People in Developing Countries’ , elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), esos recursos permitarían a la población de los países en vías de desarrollo cumplir cuarentenas y medidas de distanciamiento social necesarias para contener una pandemia que no deja de avanzar.
El PNUD calcula que costaría a partir de unos 199 mil millones de dólares al mes facilitar ese ingreso básico, una cantidad muy alta pero que considera asumible para los Estados ante la emergencia sanitaria y social que vive el mundo.
La propuesta del PNUD se basa en programas que cubran a toda la población con necesidades durante el tiempo que dure la crisis.
El PNUD avaluó los efectos socioeconómicos del COVID-19 en más de 60 países en los últimos meses, y, según los datos obtenidos, los trabajadores que no cuentan con protección social no pueden permanecer en sus hogares sin generar ingresos.
El estudio también reveló que al menos 4 mil millones de personas no cuentan con algún tipo de protección social que les permita soportar las condiciones de aislamiento social.
George Gray Molina, uno de los autores del informe, subrayó que uno de los factores por los que el COVID-19 sigue ganando terreno es el hecho de que muchos trabajadores se ven obligados a continuar con sus actividades para poder sobrevivir y se exponen así al contagio de manera repetida.
“De todos modos, el ingreso básico temporal no es una solución milagrosa a las dificultades económicas que ha generado esta pandemia. La protección del empleo, la ampliación del apoyo que se brinda a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, y el uso de soluciones digitales para identificar y llegar a las personas excluidas son medidas que los países pueden aplicar”, indica el informe.
La propuesta plantea pagos que sitúen a toda la población por encima de las distintas líneas de vulnerabilidad, que irían de 3.20 dólares diarios en el África Subsahariana o el sur de Asia hasta los 13 dólares diarios en las regiones de Europa y Asia Central y de Latinoamérica y el Caribe.
Otra opción serían transferencias equivalentes a la mitad de los ingresos promedio por hogar de cada país, mientras que el estudio también plantea la posibilidad de un pago que corresponda a 5.50 dólares diarios en todo el mundo, una cifra media de los ingresos necesarios para evitar la pobreza en distintas regiones.
El coste para los 132 países en cuestión, que supone un 83 por ciento de la población del mundo y entre los que se incluyen economías muy débiles pero también otras de ingresos medios, varía en función de las opciones que se elijan entre un 0.27 por ciento y un 0.63 por ciento de su Producto Interior Bruto combinado, según el estudio.
Entre las formas de pagar esa cantidad, el PNUD destaca la posibilidad de que los países usen los fondos que este año tendrían que destinar al pago de deuda. El G20 acordó con motivo de la pandemia una moratoria para los países más pobres, mientras que la ONU insiste en la necesidad de extenderla a más economías en vías de desarrollo.
También propone, por ejemplo, la reutilización de los subsidios a los combustibles fósiles o los gastos militares, al tiempo que admite que hay dificultades administrativas y políticas que deberían superarse para poder hacer realidad este proyecto.
Fuente: EFE