El gobierno federal debe emitir medidas sanitarias urgentes para prevenir y atender los contagios de COVID-19 en los 350 centros de atención de adicciones, conocidos como anexos, que están registrados ante la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y externar a los internos que tengan redes de apoyo familiar.
Así lo ordenó el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al conceder una suspensión de plano en un juicio de amparo promovido por la asociación Documenta.
Los magistrados ordenaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría y Subsecretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y a la Conadic garantizar el derecho y acceso a la salud de las personas privadas de la libertad en estos espacios de forma involuntaria.
También les deben dar los suministros básicos de higiene, emitir una guía de prevención de contagios y un protocolo de atención médica, realizar un manejo ético y seguro del transporte y disposición final de cadáveres, así como garantizar el acceso a la información de los usuarios y sus familiares.
“No existen cifras oficiales del número de personas recluidas en este tipo de espacios debido a que un gran porcentaje opera con algún tipo de irregularidad. Estos centros -conocidos como anexos- se caracterizan por ofrecer servicios con enfoques, métodos y prácticas violatorias de derechos humanos”indicó Documenta.
La organización destacó que esta población usuaria de drogas está en situación devulnerabilidad ante el COVID-19 porque presentan mayor prevalencia a padecimientos crónicos como enfermedades pulmonares.
Fuente: El Heraldo de México