El Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, se querelló en mayo ante un tribunal de comercio de Londres para recuperar más de 30 toneladas de oro que tiene depositadas en las cámaras acorazadas de la institución británica y asegura necesitar para luchar contra el coronavirus.

Pero el Banco de Inglaterra (BoE) afirma verse atrapado entre esta junta directiva del BCV y otra rival, nombrada por Guaidó, al que medio centenar de países –incluido el Reino Unido– consideran “presidente interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones fiables”.

Por eso, antes de abordar la devolución del oro, valorado en mil millones de dólares, el juez Nigel Teare decidió que primero se determine a quién reconoce el tribunal como legítimo representante de la república venezolana, propietaria última de los lingotes.

– Política y legalidad venezolana –

La cuestión se dirimirá durante cinco días de audiencias, celebradas a partir del lunes por videoconferencia, que podrían llevar a un tribunal de comercio londinense a pronunciarse sobre aspectos políticos y legales internos de Venezuela con fuerte implicaciones diplomáticas.

Como avanzó en la vista preliminar, Tim Lord, abogado del equipo de Ortega, intentará demostrar que, pese a otorgar “autoridad interina” a Guaidó, el gobierno británico no ha negado la legitimidad al régimen de Maduro con quien “mantiene contactos diplomáticos”.

Así, Londres sigue registrando como embajadora de Venezuela a Rocío del Valle Maneiro. Y aunque Guaidó nombró a Vanessa Neumann como su representante, esta “no pudo presentar sus credenciales a la reina y trabaja desde su domicilio privado” en la capital británica, afirma.

Además, se reconoció el “estatus diplomático” del propio Ortega al concederle entrada al país con su pasaporte diplomático como gobernador del BCV múltiples veces entre 2018 y abril de este año.

Por su lado, el abogado de la otra parte, Andrew Fulton, defiende que la Corte Suprema de Venezuela, que determinó como ilegales e inválidos los nombramientos hechos por Guaidó, “no es un tribunal independiente”.

– “Emergencia humanitaria” –

El gobierno de Maduro lleva intentando sin éxito repatriar el oro desde octubre de 2018, año y medio antes de la epidemia de covid-19 que ha causado oficialmente unas decenas de muertos en Venezuela, país sumido en una grave crisis económica.

Guaidó escribió en 2019 y 2020 a las autoridades británicas pidiendo que no accedieran y advirtió que los fondos podían servir para reprimir al pueblo venezolano.

Pero ahora el BCV ha negociado que el dinero se transfiera directamente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como garantía de que se dedicará a combatir el coronavirus y se imposibilitará toda malversación.

“Esta es una emergencia humanitaria” y “la intransigencia del Banco de Inglaterra está poniendo vidas en peligro”, denunció Sarosh Zaiwalla, representante legal en Londres de Ortega y su equipo.

Pide que los fondos sean desbloqueados “antes de finales de julio” y consideró que el acuerdo suscrito recientemente entre Maduro y Guaidó para buscar recursos financieros contra la pandemia se puede extender al oro que “espera, inútil, en las cámara acorazadas en Inglaterra”.

Contactada al respecto por la AFP en Londres, la representante legal de la otra parte, Jane Wessel, dijo no “hacer comentarios sobre casos en curso”.

– ¿Oro imprescindible contra el coronavirus? –

Asegurando que el bloqueo del oro obstaculiza la lucha contra la covid-19, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez amenazó a principios de junio con llevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) por constituir, dijo, un delito de “lesa humanidad”.

El BoE, que no comenta las relaciones con sus clientes, no precisa cuántas toneladas custodia para Venezuela.

Numerosas fuentes –incluida la querella– hablan de 31 toneladas, pero Maduro afirmó en 2019 que el total es de 80 toneladas.

Según datos de diciembre del World Gold Council, Venezuela posee 161,2 toneladas de oro. Un informe de Natixis de febrero de 2019 aseguraba que al menos 97 de ellas estaban en Caracas, lo que plantea si realmente el régimen necesita repatriar urgentemente el resto.