El CEN de Morena acordó que una vez concluidos los avalúos y dictámenes legales, se definirá el destino de los inmuebles comprometidos y en su caso la conclusión del contrato correspondiente, además de entrar en diálogo formal con los contratistas para exponer la situación actual y la falta de definiciones.
Después de conocer sobre las posibles denuncias en su contra, Yeidckol Polevnsky aseguró que no cometió ninguna irregularidad, incluso reveló que ya se asesoró legalmente y todo se realizó conforme a la ley.
Sobre los pagos por anticipado a filiales de Grupo Ebor, acusó que Ramírez Cuéllar se ha negado a permitir el inicio de las labores de remodelación en algunos de los inmuebles adquiridos. El partido acordó que paralelo a la denuncia penal, se harán nuevamente los avalúos de los inmuebles adquiridos y cuya instrucción de pago, en algunos casos, sólo contó con la firma de la entonces presidenta en funciones de Morena, de acuerdo con el testimonio del secretario de Finanzas.
Del informe se desprende que el total del costo de los ocho inmuebles adquiridos y pagados en su totalidad asciende a 127 millones 305 mil pesos. Respecto a los inmuebles que se adeudan y se encuentran comprometidos para su finiquito bajo el concepto de “apasivados”, el total del costo de los cinco inmuebles es de 288 millones 200 mil pesos, de los cuales se han pagado 97 millones y se adeudan cerca de 191 millones de pesos.
A esos montos se suman los 394 millones de pesos pagados a las empresas Inmobiliaria Moscati de Querétaro y Estrada Mirando, Proyecto y Construcción SA de CD, filiales de Grupo EBOR. El secretario de Finanzas informó que por los inmuebles que tienen un contrato de promesa de compraventa, suman 433 millones de pesos, aunque hasta ahora no hay ningún trámite para su adquisición.
“Más del 50 por ciento de los inmuebles propuestos para su compraventa, fueron propuestos por Enrique Borbolla García, del mismo grupo EBOR”, reveló al CEN el secretario de Finanzas. Borbolla García, originario de Querétaro, fue acusado en 2014 de fraude maquinado en Quintana Roo por la venta de una aeronave por 2.5 millones de pesos pero nunca la entregó. El empresario salió bajo fianza. En 2012 fue precandidato del PRD a presidente municipal de la capital queretana. Años después inició acercamientos con Morena y en el pasado proceso electoral de 2018 se le consideró como aspirante.
Fuente: Milenio