Ninguna política pública para combatir la corrupción en México tendrá altas probabilidades de éxito si no se le asignan los recursos suficientes para llevarla a cabo, ya que es fundamental saber cuánto se gasta para erradicarla, en qué y con qué efectividad se ejercen dichos recursos.
Ante esta situación, Organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados reinsertar el Anexo Transversal Anticorrupción en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 para saber con precisión cuántos recursos se asignan al combate a la corrupción.
Estas organizaciones, entre las que destacan: IMCO, CCI Laguna, Observatorio Regional Zamora, Gesoc, Aceval, el CPC del Estado de México y CPC de Chihuahua, impulsadas por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, aseguraron que para tener mayor precisión sobre los montos que son destinados al combate de la corrupción, es importante involucrar más a las dependencias que ejercen los recursos.
A través de un posicionamiento público, explicaron que en el PEF 2018 se incluyó el Anexo “Recursos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos”. Gracias a ello, se pudo saber que ese año se destinaron 10 mil 400 millones de pesos al combate a la corrupción. Sin embargo, en 2019 dicho anexo se eliminó y desde entonces se perdió la oportunidad de conocer cuántos recursos se destinan al rubro.
Por ello, ante la necesidad de reincorporar el Anexo Transversal Anticorrupción en el PEF 2021, un grupo de expertos realizó una serie de recomendaciones para fortalecerlo y convertirlo en un instrumento útil en el monitoreo de los recursos públicos anticorrupción. Primero, destacaron la importancia de construir una metodología clara sobre lo que se quiere medir, así como una definición de corrupción. A partir de ello, proponen avanzar en conocer qué programas, dependencias y/o partidas deberían incluirse en el anexo.
Las organizaciones consideraron que también se debe contar con una instancia que dé seguimiento al ejercicio de los recursos y que emita opiniones para mejorar la efectividad del Anexo y del gasto anticorrupción. Además, la propuesta incluye definir indicadores para monitorear el avance en el combate de la corrupción.
Los expertos indicaron que es fundamental que el Anexo Transversal no dependa de la voluntad política, por lo que recomendaron hacerlo obligatorio e incluirlo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, las organizaciones pidieron que se abra un diálogo con los Comités de Participación Ciudadana en los estados a fin de que este instrumento se replique en las entidades.
Además, puntualizaron que son las dependencias de gobierno las que deben definir el presupuesto necesario para cumplir con sus funciones anticorrupción. Dichas estimaciones deberían reflejarse en el presupuesto anual que cada una presenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la integración del proyecto del PEF.
A pesar de que diversos instrumentos como la Política Nacional Anticorrupción, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, 2019-2024 y el Decreto de PEF 2020 mandatan la fiscalización y el monitoreo de los recursos destinados al combate a la corrupción, existen pocos avances en el tema.
Recordaron que desde 2016, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas propuso la creación de un Anexo Transversal en el PEF para poder rastrear los recursos destinados al combate de la corrupción. Sin embargo, actualmente se desconoce el proceso y los criterios para estimar el porcentaje del presupuesto que una dependencia destina a dicha tarea.