La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) respondió los señalamientos hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a una investigación sobre servicios de laboratorio y banco de sangre, al afirmar que siguen los tiempos de ley y que existen sanciones que solamente le corresponde imponer a la Secretaría de la Función Pública.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que dicho organismo no logró resolver un caso de competencia en dos años, ello porque el expediente de este caso se abrió el 1 de abril de 2016 y fue hasta marzo de 2019 cuando la autoridad investigadora de laCofece concluyó su investigación, y apenas en unas semanas el pleno de la Comisión hará la votación respectiva para determinar la culpabilidad de las empresas.
López Obrador dijo en la mañana: «me llamó la atención porque cuando me presentaron el informe que no habían podido resolver en más de dos años una denuncia. Entonces ¿Qué hacen? ¿a qué se dedican?, pero bueno todo se investiga».
El punto de discusión entre López Obrador y la Comisión inicio porque la Cofecedeterminó que una empresa proveedora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofreció a esa institución un sobre precio de los servicios de laboratorio y banco de sangre, mediante coordinación de posturas con otras empresas. Sin embargo, aún y cuando se le señaló a esta firma del sector privado de incurrir en prácticas desleales, siguió participando en licitaciones del gobierno.
En un tuit, la Comisión explicó que realizaron un procedimiento seguido en forma de juicio contra los probables responsables a fin de que se defiendan de las imputaciones que hay contra ellos, un proceso que “ya está en la fase final”, por lo que el Pleno de la Cofece “tomará una determinación sobre si son responsables o no en las próximas semanas”.
Para la Cofece es importante seguir los tiempos y los procedimientos para que queden en firme ante el Poder Judicial, porque trascendió que la Fiscalía General de la República investiga por la vía penal a varios de los participantes de este mercado, por una querella que presentó la Cofece en octubre de 2019.
Además de que “suponiendo que las empresas investigadas en este caso resulten responsables de cometer una colusión y sean sancionadas por la Cofece, de acuerdo con la ley de adquisiciones, no las limitaría a participar en licitaciones públicas en el futuro, pues la realización de este tipo de conductas no es causal de inhabilitación en la ley de adquisiciones”.
Solamente la Secretaría de la Función Pública puede inhabilitar a una empresa, por lo que la Comisión “lleva muchos años promoviendo que se modifique la Ley de Adquisiciones justamente para que una sanción por colusión sea causal de inhabilitación en contrataciones públicas”.
Fuente: El Universal