Es difícil sacar la vista de la pandemia. Todas las rutas informativas, por ahora, conducen a este tema. Para hablar de otro asunto, es necesario que este posea un atractivo o importancia particulares, que me parece es el caso del que hoy abordo en este espacio.
Por muchos años, nuestra industria atunera padeció la grave problemática de ser acusada de incumplir con los estándares de la marca de certificación “Dolphin Safe”, la cual se puede utilizar solo cuando una empresa acredita observar prácticas de captura de atún libre de delfines; durante muchos años la ONG titular de la marca impedía su aplicación a nuestros productos, cerrándoles el acceso a las principales cadenas de autoservicio en Estados Unidos. Este es el asunto que en los medios se conoció como: “el embargo del atún mexicano”.
La noticia es que el litigio, luego de 10 años llegó a su fin, con un revés para nuestro país. Al final, el panel de apelación de la OMC determinó que nuestros atuneros no eran objeto de discriminación, ya que las restricciones de etiquetado se aplicaban por igual a nacionales de Estados Unidos, y a otros productores extranjeros. Según los argumentos expresados por México, la medida en realidad tenía el propósito de construir una barrera comercial no arancelaria, dado lo competitivo que es nuestro atún en ese mercado.
La defensa interpuesta por EUA ante la OMC insistió en que las técnicas de “cerco de red” empleadas por las flotas pesqueras de las empresas mexicanas siguen afectando delfines, aún y cuando otros países que emplean las mismas técnicas, no han sido penalizados. En realidad, la victoria inicialmente alcanzada por nuestro país no le exentaba de la medida, sino que hacía que la misma fuese exigible a todos los que exportan atún hacia ese mercado. Digamos que, al final, el asunto queda en un “honroso empate”.
De hecho, gracias a que la primera resolución dio la razón al reclamo mexicano, en el año 2013 se realizaron modificaciones a las exigencias del etiquetado para comerciar atún en Estados Unidos, reconociendo adicionalmente una indemnización colateral para resarcir los daños causados, ordenando el pago de la tercera parte de los 420 millones de dólares reclamados por México. El fallo de la apelación da marcha atrás a ese punto, aunque mantiene intacto el fondo de la primera reclamación de nuestro país, relacionada al trato injusto que se estaba dispensando a nuestras empresas.
Dos lecciones me parecen importantes de estos antecedentes. La primera, que no podemos olvidar que, si seguimos jugando en las grandes ligas del comercio mundial, debemos estar dispuestos a pelear en muchos casos, a gran escala y contra los más fuertes, y que para ello la experiencia de los que han cursado estos episodios es de enorme valor.
La segunda, la más relevante, que hacer equipo entre empresarios y gobierno es una alianza natural para la defensa de causas comunes, y que nada perverso deriva de la identificación de esos intereses comunes. El principio es simple, en todos los países del mundo, cuando le va bien a sus empresas, los beneficios permean a todos. (MAURICIO JALIFE. EL FINANCIERO)