El Canciller Marcelo Ebrard entregó hoy una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos para requerirle información sobre el operativo Rápido y Furioso, por el que se permitió el trasiego de armas de grueso calibre por territorio mexicano y sobre el que persisten “dudas fundadas” de que el gobierno de México supo y participó en su planeación.
Si “como apunta la evidencia” dijo el canciller, el gobierno mexicano -en ese entonces a cargo de Felipe Calderón- participó, habría incurrido en graves violaciones a la Constitución. Si las autoridades estadunidenses actuaron sin autorización en territorio mexicano, habrían violado la soberanía nacional, planteó en su escrito.
El funcionario reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó toda la información posible sobre ese operativo desde 2019 y en febrero pasado ratificó la petición.
Hoy, en la carta diplomática, Ebrard insistió en obtenerla en aras de la cooperación entre ambas naciones.
Ese operativo “Rápido y furioso” se realizó a fines de 2009 e involucró la actuación de la Agencia de Control de bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) en el trasiego de más de 2 mil armas de alto calibre que entraron a territorio nacional, con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compra venta ilegal de armas en México y procesar a los responsables ante la justicia.
En un video publicado en sus redes sociales, el titular de la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que esa operación, la comunicación y planeación –que se habría realizado durante el mandato del ex presidente Calderón—no ha sido suficientemente aclarada y hay “dudas fundadas”.
Aunque la administración mexicana a través de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró en ese entonces que desconocía esa operación, “el gobierno de Estados Unidos entonces publicó una declaración del exsecretario de Justicia, Erick Holder, quien aseguró que las autoridades mexicanas si tenían conocimiento sobre el caso”.
Ebrard dijo que la identificación de cada arma que entró en ese operativo a México “sólo pudo ser posible con la más alta participación de las autoridades de nuestro país, puesto que requirió un acucioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización».
“Sin previa cooperación no se podría conocer el origen y destino de las armas, hay dudas fundadas con respecto a lo ocurrido”, aseguró el canciller.
“Si en efecto como apunta la evidencia descrita el gobierno de México conoció y autorizó el operativo entonces estaríamos ante graves violaciones a la Constitución Política y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban altos cargos en nuestro país puesto que habrían mentido al Congreso de nuestro país».
“Si en cambio resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo” autoridades de Estados Unidos habrían actuado sin conocimiento del gobierno y habrían entregado armamento a la delincuencia organizada provocando homicidios y otro graves delitos…es decir se habría violado la soberanía nacional de México”.
En la nota, Ebrard recordó que la FGR solicitó a la Agencia de Control de bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) –que realizó ese operativo- y desde septiembre de 2019 y en febrero de 2020, información de los procesados, información de las armas recuperadas y la relación de las vinculadas al operativo que no se han recuperado.
Asi, el funcionario reiteró la petición a Estados Unidos de acceder a “toda la información de que se disponga conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua”.
Fuente: El Universal