La cuarentena sirvió para aplanar la curva de contagio del virus. Pero con la recaudación de impuestos en caída libre por el freno inevitable de casi toda la economía, el gobierno acordó aprovechar los bienes recuperados del narcotráfico para fortalecer el sistema sanitario del que depende el éxito o no de la gestión frente virus descubierto en China.

En México, los cárteles de Sinaloa y el Golfo han repartido alimentos a las personas que se quedaron sin trabajo a cambio de futuros favores inconfesables. En Argentina no existen cárteles aunque sí operaron los de Colombia o México. A falta de recursos, el gobierno aceleró el usos de esos bienes que fueron de narcos o lavadores para ganarle la guerra al covid-19.

Tal es el caso de las operaciones del cártel de Medellín en Argentina: la familia de Pablo Escobar se refugió 25 años atrás para escapar de una muerte segura a manos de sus enemigos. Uno de esos rivales, sin embargo, los contactó en Buenos Aires para hacer negocios. Pero todo terminó mal, el narco colombiano detenido y la viuda y el hijo de Escobar en aprietos por lavado. Ahora, mientras un juez espera el fin de la cuarentena para llevarlos a juicio, el gobierno usará un inmueble incautado en esa investigación para enfrentar la pandemia.

Se trata de Pilar Bicentenario, un inmueble pensado para 920 cocheras a metros de una estación de trenes ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno ya construye un centro de operaciones conjuntas de competencia interdisciplinaria entre las áreas de Salud, Seguridad e Infraestructura municipales para detectar casos, coordinar el trabajo con todos los niveles estatales y así evitar la propagación del virus.

El proyecto narco quedó a medio terminar cuando el juez Néstor Barral y el fiscal antidrogas Diego Iglesias, alertados por la DEA de los Estados Unidos, determinaron que José Bayron Piedrahita Ceballos lavó 3.1 millones de dólares y 1.7 millones de pesos argentinos.

Piedrahita prometió pagarles a María Isabel Santos Caballeros y Juan Sebastián Marroquín Santos -nombres que adoptaron la viuda y el hijo de Escobar en Argentina- el 4.5 por ciento de las inversiones que hiciera en Buenos Aires gracias a sus contactos ofrecidos para tal fin.

Pero en el país del sur no solo traficaron drogas y lavaron sus ganancias los grandes cárteles de Colombia y México. Argentina ha tenido sus narcos y lavadores, como el fallecido abogado Carlos Salvatore, el más importante de las últimas dos décadas.

Para haber operado desde un lugar donde no se producía la cocaína ni se tenía el mercado final, Salvatore tal vez fue el argentino que más droga movió entre Chaco, su provincia natal, y el puerto de Buenos Aires, con destino hacia Europa: 4 mil 806 kilos. Esos fueron los que los investigadores consiguieron hacerle perder en los operativos como «Carbón Blanco», «Pera Blanca» y «Operativo Trabajo», este último con la ayuda de detectives en el exterior.

Salvatore murió en 2018 en prisión, pero un tribunal ordenó en abril que los bienes que compró puedan ser usados por las autoridades de Chaco frente a la pandemia, según el fallo al que accedió MILENIO. Esa provincia, aunque solo tiene el 2.6 por ciento de los habitantes del país, registró el 8 por ciento de los casos, siendo así el tercer foco infeccioso, solo detrás de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, donde viven el 47 por ciento de los argentinos.

Se trata de 70 inmuebles, 26 automotores, 19 empresas y dinero que heredó su familia. Los primeros activos decomisados a Salvatore ya llegaron a la provincia de Chaco: el Ministerio de Salud ya tiene a disposición 11 millones de pesos argentinos, unos 165 mil dólares, para comprar elementos de bioseguridad, como cubrebocas y respiradores artificiales, mientras que las casas podrían ser acondicionadas para alojar enfermos de covid-19.

El fiscal del caso, Federico Carniel, determinó, en un fallo al que accedió MILENIO, que el valor total de los cargamentos de cocaína secuestrados a Salvatore habría ascendido a 170 millones de dólares, “tomando un precio promedio de 32.700 de euros por kilo, según un informe de 2013 del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías del Ministerio de Sanidad.

Otros investigadores que formaron el caso, como Mario Villar y Laura Roteta, de la procuraduría antilavado, y Carmen Chena, de la dirección de decomiso de bienes, explicaron: “El destino social de esos activos constituye un fuerte mensaje a la sociedad en términos de que el quebramiento de las normas a través de las cuales se obtuvieron ganancias ilícitas se restablece devolviendo a la comunidad con un fin que los beneficie”.

La Justicia le puso así fin a lo que quedó de Salvatore, el narcoabogado que antes de morir en prisión, también supo hacer negocios con el exespía argentino Raúl Martins, detenido en México.