El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, informó que se apoyará a estos negocios en pago de salarios, asesoría administrativa y procesos de digitalización, luego de que el presidente les ‘cerró las puertas’.

Las grandes empresas del país ‘adoptarán’ por al menos un mes a firmas de menor tamaño para poderles cubrir necesidades como pago de salarios, generar apoyos entre proveedores, asesoría administrativa y procesos de digitalización, ante la falta de apoyo suficiente por parte del gobierno, en medio de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, afirmó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Hay que hacer un esfuerzo privado para coordinar recursos privados ante esta negativa de apoyos de recursos públicos, y ver qué alcance podríamos lograr”, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del máximo organismo empresarial.

En una reunión virtual con los doce organismos que integran al CCE, así como las cámaras y asociaciones miembros de cada confederación a nivel nacional, más de 4 mil empresarios representados discutieron alternativas sobre cómo podrían apoyarse, toda vez que el gobierno les ‘cerró la puerta’.

El líder de la máxima cúpula empresarial dio la cara ante los empresarios mexicanos por la falta de resultados y en su intento porque el gobierno tome en cuenta sus propuestas para resolver la problemática de liquidez de los negocios.

De aplicarse el plan propuesto, el crecimiento del PIB aminoraría su caída a solo 2.5 por ciento o hasta podría quedar en 0.0 por ciento en lugar del 10 por ciento que se pronostica en algunos casos; la inflación podría mantenerse en el rango de 3 a 5 por ciento; la deuda en relación al PIB se ubicaría alrededor del 50 por ciento, y el desempleo se contendría a 400 mil plazas y no el millón 200 que están en riesgo.

“El objetivo ha sido proteger el empleo, el salario y los ingresos, sentar las bases para que después de 90 días podamos recuperarnos. Insistir que el problema es de liquidez, no de solvencia, no hemos pedido rescate de compañías”, enfatizó Salazar.

Reconoció que el distanciamiento con el gobierno fue marcado a partir de que el gremio dejó sentir su inconformidad por la falta de derechos y la decisión inconstitucional de cancelar la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali.

En el diálogo virtual, Carlos Salazar Lomelín presentó los puntos que conformaron la propuesta que la IP presentó al presidente ante la crisis generada por el COVID-19.

Apuntó también que esta propuesta encontró la negativa del mandatario quien “nos cerró las puertas”.

Lo primero que López Obrador les rechazó en ese plan a 90 días que llevaron bajo el brazo el jueves pasado a Palacio Nacional, fue el apoyo fiscal.

El directivo remarcó que el sector empresarial nunca planteó al titular del Ejecutivo Federal condonaciones de impuestos.

“Este es un problema de liquidez y subrayo, no es un problema de solvencia. Desde las pequeñas hasta las grandes empresas trabajaban el mes de febrero sin problemas, cubrían sus responsabilidades fiscales, pero de un día a otro se dejó de operar, no por falta de capacidad ni de activos, sino por una situación fuera de control”, apuntó.

Además de la adopción de MiPymes, estas son algunas de las ideas planteadas por la IP a López Obrador:

*La suscripción de un gran convenio nacional para proteger los salarios de los trabajadores y sus familias.

*Aumentar la deuda del país en cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

El directivo señaló que eso representaría alrededor de un billón de pesos que se podrían utilizar para la crisis económica que se avecina en México.

*Programa de infraestructura con fondos públicos y privados. La propuesta de la IP al respecto sugería que se le asignara a cada una de las 32 entidades del país un gran proyecto de infraestructura.

*La definición de proyecto de inversión de la IP en el sector energético.

Al respecto, Salazar subrayó que el sector privado entregó al Gobierno sus propuestas para esas actividades Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, pero aún no reciben respuesta.

*Preparar una propuesta, en coordinación con la Secretaría de Economía, para que México sustituya a China como proveedor de algunas exportaciones hechas hacia Estados Unidos.

*Una depreciación para acelerar la llegada de inversiones a México.

*Apoyos entre privados mediante una estructura para que empresas con capacidad económica apoyen a sus proveedores mediante pagos a no más de 30 días.

*Compras adelantadas, lo que significaría realizar pedidos que se entreguen una vez terminada la crisis por el coronavirus.

*Evitar penalizaciones contractuales entre particulares.

*Generar una plataforma ágil y sencilla buscando el apoyo de las instituciones financieras, para ello se dialogaría con la Asociación de Bancos de México (ABM) para agilizar la posibilidad de factoraje.

*Que empresas que enfrentan una alta demanda debido a la pandemia del COVID-19, como las farmacias, contraten a personal de otras empresas para hacer más eficiente sus servicios.

Salazar Lomelín presentó también un plan a 90 días que prevén acciones en dos periodos de tiempo: abril y mayo-junio. Para el primero, el CCE plantea:

*Establecer un fondo de 100 mil millones de pesos mediante el cual la banca privada conceda créditos a las MiPymes con problemas de liquidez.

*Una reducción más relevante de la tasa de interés.

*Diferir el 100 por ciento de las contribuciones a la seguridad social para el sector de la hotelería, aviación, turístico y de restaurantes.

Para mayo-junio, la propuesta del organismo es:

*Apoyo especial a empresas que hayan pagado los salarios de sus trabajadores y hayan mantenido sus puestos de trabajo.

*Diferir pagos de impuestos de las empresas hasta por 90 días y sin ningún interés.

Sobre ese punto, el presidente del CCE dijo que la propuesta es que los pagos diferidos se hicieran en 12 mensualidades en 2021.

El proyecto del CCE también tiene contemplado al sector informal, para el cual sugirió créditos a la palabra por 25 mil pesos que podrían beneficiar a un millón de personas durante abril, mayo y junio, o a un millón diferente cada mes.

“El único requisito pedido, que era una ventaja, es que cualquier persona que pidiera el crédito se formalizara “, apuntó Salazar Lomelín.

“Espero que a través de estas ideas, haya retroalimentación para tener un programa, pero ya sin tocar la puerta del Gobierno. Esperamos que esto haga reaccionar al Gobierno”, agregó.

Al respecto, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó que “la dimensión del problema que nosotros vemos, no coincide con lo que ve el Presidente”, aunque aclaró que sus intereses son buenos. (EL FINANCIERO)