El senador del PRI, Mario Zamora Gastélum exhortó a las autoridades del Gobierno federal a instrumentar un plan emergente que suspenda el pago de contribuciones y puedan ser diferidas, con el fin de disminuir el impacto económico de las familias mexicanas ante la pandemia del COVID-19.

En un punto de acuerdo, el priista sinaloense propuso diferir los pagos de los servicios de agua y luz a partir del mes de abril, y hasta junio sin el cobro de intereses y sin afectar el historial crediticio de los usuarios.

Por otra parte, continuó, se debe emitir un decreto para igualmente diferir el pago de créditos hipotecarios, de vehículos y bancarios hasta por tres meses sin que se generen gastos de cobranza por la suspensión.

De igual manera, propuso un programa especial que reduzca el impacto a los trabajadores independientes, así como un programa para salvaguardar sus derechos laborales.

“Que a través de las respectivas instancias gubernamentales (IMSS, ISSSTE, INFONAVIT) se implemente una estrategia que permita cubrir las incapacidades por cuarentena a los trabajadores por el tiempo que sea necesario, y suspendan el pago de cuotas de seguridad social y vivienda del mes de abril al mes de junio para ser diferidos sin recargos.

“Que se garantice la disponibilidad de granos y alimentos y se establezca un precio especial de los productos de la canasta básica e implementar un programa de subsidio para los alquileres comerciales de las pequeñas y medianas empresas”, explicó en el punto de acuerdo.

Agregó también que para que al sector hotelero se le otorgue una ampliación del plazo para la devolución de anticipos o entrega de certificados de servicios, a fin de evitar multas y que se implemente un plan emergente a fin de que hoteles y servicio de transporte (taxis) estén a disposición del sistema de salud para el traslado y aislamiento de personas portadoras o que desarrollen el COVID-19, cuyo costo será asumido por el Gobierno federal.

Por último, Zamora Gastélum pidió que el Senado exhorte al Ejecutivo Federal que, a través de las secretarias de Hacienda y Crédito Público y de Salud, así como sus homólogos en las entidades federativas, determinen un bono económico a los profesionales de la salud durante los meses que dure la contingencia de salud ocasionada por el COVID-19.

Fuente: La Razón