México aún no ha escalado hasta la alerta roja por la crisis del coronavirus. Las cifras oficiales -1.510 infectados y 50 muertos- registran una subida exponencial de la curva de contagios, suficiente por parte del Gobierno para declarar una emergencia sanitaria, pero no tanto como para imponer el confinamiento o la restricción de movilidad de la población, medidas tomadas por la mayoría de los países más afectados. Los deseos y mejores pronósticos de las autoridades pasan por ser capaces de controlar la ola de contagios, evitar su crecida desbocada y el consiguiente colapso de los servicios de salud. Un sistema precario y atomizado que, pese al supuesto estado intermedio de la pandemia en México, ya ha empezado a mostrar las primeras grietas en forma de protestas y denuncias del personal médico.
Los 26 contagios y la muerte de un doctor esta semana en un hospital de Monclova, una pequeña ciudad (230.000 habitantes) clavada en el desierto del norteño Estado de Coahuila, ejemplifican los temores y las demandas de los profesionales sanitarios del país. Hay un investigación abierta sobre la fuente del brote masivo en el hospital, pero todo apunta que fue un paciente con síntomas que ingresó el 15 de marzo y tardó al menos una semana en ser diagnosticado con Covid-19. Durante estos días sin ser aislado, estuvo en contacto con distinto personal médico del centro. El episodio ha provocado incluso una disculpa pública por parte del portavoz del Gobierno durante la crisis, López Gatell, que en un principio afirmó que el brote nació de la consulta privada de uno de los doctores. Los trabajadores habían protestado incluso cinco días antes del primer fallecimiento por la falta de materiales, equipo y protección básica para afrontar la epidemia, repitiendo las protestas en las puertas del hospital durante esta semana.
También en Coahuila, en Torreón, la falta de material de protección llevó al personal médico a protestar este lunes en las calles de la ciudad. “Estamos en una situación vulnerable”, dice por teléfono un enfermero que prefiere guardar el anonimato. Trabaja en la Clínica Número 16 de la Seguridad Social, localizada en el Bulevar Revolución de esa ciudad cruzada por autopistas y más parecida a una localidad del sur de Estados Unidos. “La clínica no nos abastece de insumos. Por nuestros propios medios compramos cubrebocas, es la única arma que tenemos. No hay batas, no hay guantes, los pocos son para casos de emergencias”.
Cada día, afirma, son más los casos de gente que llega con síntomas respiratorios y teme que se le esté ocultado al personal médico la realidad sobre los sospechosos de estar contagiados de Covid-19. “Pensamos que están disfrazando los diagnósticos porque no quieren alarmar a la gente, pero la gente debe tener conciencia y quedarse en su casa para evitar contagios. Aquí llegan personas con compromiso respiratorio y dice que es influenza o una neumonía, pero ha habido neumonías atípicas en el hospital y no lo dicen. Todo lo manejan como casos sospechosos”.
Lo que más le preocupa, dice, es que sus familias se puedan contagiar cuando el personal médico regrese a casa después de cada guardia. Algunos se quitan la ropa fuera de la casa e intentan ducharse también afuera, pero no todos pueden hacerlo. “Este tema nos tiene alarmados. El Instituto [de la seguridad social] es muy noble, pero hay mucha corrupción y en lugar de comprarnos material, el dinero se lo echan al bolsillo”. El enfermero asegura que este centro hospitalario no tiene las condiciones para hacer frente a una posible emergencia por Covid-19. Dice que el personal de enfermería cuenta con un poco más de 1.000 personas, pero hacen falta médicos, especialistas, etc.
Las protestas se han repetido durante la semana por distintos puntos del país. En Culiacán, capital de Sinaloa, personal del Hospital Regional de Salud Número 1, denunció la falta de mascarillas y protocolos de actuación para atender a los pacientes de coronavirus. Este jueves, en una pancarta se leía: “No queremos ser otro caso Monclova”. Parecidas demandas protagonizó el personal de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de León e Irapuato, en el estado de Guanajuato. Mientras que en Guerrero, uno de los estados más pobres y olvidados del país, el personal de enfermería también salió a la calle para exigir los insumos necesarios. En Acapulco, también en Guerrero, se manifestaron incluso los trabajadores del Servicio Médico Forense para exigir materiales adecuados a su trabajo.
“El personal que está al frente de la atención tiene un mayor riesgo de de que se vayan a infectar y se cree un contagio masivo. Los responsables no previeron los recursos suficientes para hacer las compras de lo que se necesitaba en el hospital”, afirma por teléfono Armando Rosales, neurocirujano del Hospital General de Zona Número Uno (una entidad afiliada a la seguridad social mexicana), en Zacatecas, en el centro de México.
Rosales afirma que las autoridades entregaron a sus colegas lo que considera suministros inútiles frente al virus: batas desechables, gorros “que no sirven para nada” y cubrebocas que no evitan que se pasen las partículas del virus.
“La pandemia se va a extender y aunque digan que la mortalidad es muy baja, no tenemos por qué perder la vida de un médico, una enfermera, camilleros, derechohabientes. El hospital no tiene un protocolo para atender a un paciente sospechoso del Covid-19. Todos entran por la misma puerta y salen por la mis puerta. Los reciben los médicos sin protección. Ellos [las autoridades hospitalarias] fomentan que nos contagiemos”.
Rosales asegura que el hospital no tiene ni los recursos, ni el equipamiento ni la infraestructura ni el personal para hacer frente a la emergencia. “Hay dos neumólogos, un infectólogo, no hay virólogo y el personal de urgencias ha tenido una capacitación raquítica. Les dice qué hay que hacer, pero que lo hagan como puedan”.
La preocupación en los centros hospitalarios de las provincias contrasta con el relativo orden que por ahora se viven en la capital. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, especializado en enfermedades graves como el cáncer, es uno de los siete centros designados por el Gobierno para atender específicamente a los pacientes de la pandemia. “A todos los pacientes que no son graves, se les ha derivado a otros centros para centrarnos en los afectados con el Covid-19 y evitar contagios. Tenemos protocolos y material suficiente por el momento. Pero si crece como en otros países, colapsaremos”, apunta una doctor del centro que prefiere guardar el anonimato.
La diferencia entre centro y periferia también la subraya Rafael Pérez Huacuja, un médico gastroenterólogo con 20 años de experiencia trabajando en hospitales públicos de México. Además de los recortes al sistema sanitario tanto del Gobierno de López Obrador, como del Peña Nieto, asegura que otro de los problemas es que el personal médico está mal distribuido. “Hay más médicos y especialistas en las áreas urbanas, en hospitales de referencia o privados, que en las zonas rurales, abandonadas por las autoridades”.
Sin salirse demasiado del radio cercano a la capital, en Metepec, un centro urbano del Estado de México a apenas una hora y media en coche, una enfermera del Hospital General número 251 de Metepec, cuenta que tampoco cuentan con materiales adecuados ni protocoles de actuación para atender la crisis. “Este hospital desde siempre se satura y no hay camas, camillas, a pacientes los tenemos sentados en banquetas, amontonados. Ahora se intentó habilitar el tercer piso para la emergencia, pero solo se ha acondicionado, entre comillas, un cubículo con siete camas. Y en Terapia Intensiva hay 10 camas nada más. Estamos muy lejos de poder otorgar una atención adecuada a los pacientes que lleguen con Covid-19, falta mucho insumo, personal, solo el 50% de ventiladores es útil”.
A esta enfermera también le preocupa el estado de salud del personal médico. “Hay médicos con diabetes, hipertensos, embarazadas. Siempre ha habido falta de personal y con esto va a faltar muchísimo. Buscan voluntarios, pero no creo que mucha gente quiera ser voluntaria en un hospital si saben que no tienen cómo defenderse”.
Fuente: El País