Gabriel Casillas
Desde la campaña presidencial pasada y refrendado tanto en su libro ‘Hacia una economía moral’, como en una gran cantidad de conferencias ‘mañaneras’, nuestro presidente ha declarado su compromiso con la ciudadanía de mantener las finanzas públicas sanas. Este compromiso no se ha quedado en las declaraciones. Tal es el caso de la disminución del gasto en la administración pública, así como el esfuerzo del año pasado para terminar el año con un superávit primario de 1.1 por ciento del PIB y con esto, al menos haber podido dejar el cociente de deuda como porcentaje del PIB sin cambio con respecto a 2018 en 44.9 por ciento. ¿Cómo no estar de acuerdo con nuestro presidente en sus intenciones de combatir la corrupción, disminuir la pobreza y mantener las finanzas públicas sanas? No obstante lo anterior, considero que existe una confusión entre la austeridad que se ha instrumentado y mantener las finanzas públicas sanas. Desafortunadamente creo que esta confusión puede hacer que el presidente no pueda cumplir con sus otras promesas.
Hoy por hoy existen dos resultados que reflejan fielmente la confusión entre austeridad y finanzas públicas sanas: (1) En menos de un mes, las tres agencias calificadoras más importantes del mundo recortaron la calificación de la deuda soberana de México y de Petróleos Mexicanos (Fitch Ratings: 26 de marzo; S&PGlobal: 15 de abril; y Moody’s Investors Service: 17 de abril). Si bien a nivel soberano se mantiene el ‘grado de inversión’, la deuda de Pemex lo perdió el viernes pasado; y (2) el aumento de la deuda gubernamental de 44.9 por ciento del PIB -en la que cerró en 2019-, a 52.1 por ciento en 2020, de acuerdo con el documento oficial ‘Pre-criterios Generales de Política Económica’, que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al congreso el pasado 1 de abril. No solo esto, sino que proyecta que dicho cociente terminará el sexenio en 51.2 por ciento. Es decir, la deuda se incrementaría 6.3 puntos del PIB en este sexenio. Si esto se cumple -con datos oficiales-, nuestro presidente no solo no habrá incumplido su promesa de no aumentar la deuda, sino que su incremento ya no se vería tan diferente a los 7.7 puntos del PIB que aumento la deuda en el sexenio pasado.
El tema de la deuda tiene que ver con el hecho de que al observar tasas de crecimiento bajos, no se obtienen los ingresos fiscales necesarios para no hacer crecer el déficit -y por lo tanto la deuda-, y mantener las finanzas públicas sanas. Asimismo, con tasas de crecimiento bajas, el denominador del cociente deuda-PIB, crece poco o decrece, provocando que dicho cociente crezca o que al menos no disminuya. Esto se exacerba ante la circunstancia actual con la falta de apoyos fiscales a las empresas tanto informales, como formales, para poder enfrentar las cuarentenas que se imponen ante el reto sanitario de COVID-19. Sabemos que se tiene que instrumentar el #QuedateEnCasa para ‘aplanar’ la curva de contagios y así evitar que el sistema de salud se colapse y minimizar el número de fallecimientos. Sin embargo, esto impone un costo económico para la población, que en muchos casos es infranqueable, haciendo necesario también un ‘aplanamiento’ de la curva de impacto económico negativo. Por ello, prácticamente todos los bancos centrales del mundo han actuado ya para proveer liquidez de diferente maneras y la mayoría de los gobiernos del mundo han instrumentado paquetes fiscales amplios, en muchos casos sin precedente (“¿AMLOCALÍPSIS?”, 7 de abril). Urge una respuesta fiscal contundente de nuestro país ante este desastre sanitario (“Necesitamos respuesta fiscal ante Covid-19”, 31 de marzo). Mientras más tarde lo hagamos, más nos vas a costar como país recuperarnos económica y socialmente.
Lo más irónico de todo esto es que en situaciones como la que está experimentando el mundo, los inversionistas locales y globales esperan que se aumente el déficit y por lo tanto la deuda, para atender la emergencia. Por primera vez en la historia reciente, es bien visto utilizar políticas fiscales expansionistas, inclusive en un país emergente. Es momento de hacerlo. La razón principal de por qué está bien visto
aumentar el gasto público en esta ocasión, es porque es necesario salvar ciudadanos -que es el principal objetivo de un gobierno-, y salvar empresas, para que continúen contribuyendo al crecimiento económico y al pago de impuestos, que es lo que mantendría las finanzas públicas sanas, de manera sostenible. Hoy no hay cabida para la austeridad. Es necesario reasignar presupuesto de obras de infraestructura y compra de estadios de béisbol a atender la emergencia que estamos viviendo. Una gran cantidad de empresas -en su mayoría micro, pequeñas y medianas-, van a dejar de existir al tener que continuar enfrentando sus obligaciones, si no reciben ingresos por un largo periodo de tiempo.
No es lo mismo estar ‘delgado’ por comer sano, que por no comer. México se ve ‘delgado’ hoy por no comer. Eso no es sostenible.
Referencias
López Obrador, Andrés Manuel. Hacia una economía moral. Ciudad de México: Ed. Planeta, 2019.
Twitter: @G_Casillas
* El autor es director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte y presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.