Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y seis naciones europeas han mantenido conversaciones conjuntas sobre las preocupaciones sobre la política energética de México, dijeron fuentes a Reuters, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador presiona por un papel más importante para el estado en el sector.
El encuentro diplomático inusualmente amplio es una medida de cómo la ruptura del izquierdista López Obrador con la política energética del gobierno anterior preocupa a las economías que tradicionalmente han sido algunos de los mayores inversores extranjeros de México.
Funcionarios de EE. UU., Canadá y Europa expresan en privado su preocupación de que la política energética de México está erosionando los fundamentos legales de los contratos por valor de miles de millones de dólares con la administración anterior, en lo que temen es una excreción progresiva de sus intereses.
El gobierno de México niega que esté socavando esos acuerdos, pero dice que los contratos anteriores a menudo dañaron al país y ha tratado de renegociar los términos de algunos.
En la reunión del viernes en la Ciudad de México organizada por la embajada de EE. UU., Diplomáticos de Gran Bretaña, Canadá, la UE, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y España discutieron sus preocupaciones y la mejor manera de transmitirlas a López Obrador, dijeron cinco personas familiarizadas con el reunión.
Cuando se le pidió un comentario, la embajada de Estados Unidos respondió a Reuters que no discutió sus conversaciones diplomáticas. Las otras embajadas extranjeras no respondieron a las solicitudes de comentarios, ni la oficina de López Obrador.
Los detalles de lo que sucedió en la reunión no fueron claros de inmediato, aunque hubo una discusión sobre si hacerlo público, dijo una persona. Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, debido a la sensibilidad del asunto.
Los diplomáticos dicen que el gobierno extranjero difiere en sus opiniones sobre la forma abierta de comunicar sus quejas a López Obrador, para que no sienta que lo están presionando y termine adoptando un enfoque más estricto.
López Obrador se ha comprometido a fortalecer el papel del estado en el sector energético, argumentando que la liberalización del mercado y la privatización de otras industrias en el pasado profundizaron la desigualdad crónica en México y alentaron la corrupción.
Las preocupaciones más amplias sobre las políticas económicas de López Obrador minaron la inversión en México el año pasado y contribuyeron a una desaceleración que llevó a la economía a una leve recesión.
Empresas de todo el mundo se comprometieron a invertir miles de millones de dólares en México bajo cambios constitucionales para abrir el mercado de la energía, en particular para el petróleo y el gas, realizado por el predecesor centrista de López Obrador, Enrique Peña Nieto.
López Obrador ha frenado ese proceso de liberalización, diciendo que no ha producido beneficios para México.
Una disputa en particular se centra en quién tiene el derecho de operar un importante descubrimiento de crudo en alta mar en un reservorio en áreas ubicadas por la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y un consorcio de inversionistas privados liderado por Estados Unidos.
El año pasado, el gobierno de López Obrador también molestó a algunos países al amenazar con arrancar unos $ 12 mil millones en contratos acordados bajo Peña Nieto para la construcción de una serie de tuberías de gas natural, argumentando que estafaron a los contribuyentes.
Aunque esa disputa finalmente se resolvió, surgieron nuevos conflictos.
Los pasos del gobierno para fortalecer la empresa estatal de servicios públicos, Comisión Federal de Electricidad (CFE), han reducido los incentivos para que el capital privado ingrese a proyectos renovables, lo que nubla aún más la confianza de los inversores en México.
Parte del dinero invertido en inversiones en energía en México está vinculado a fondos de pensiones en Europa y América del Norte. Los críticos de las políticas del gobierno temen que los rendimientos decrecientes de esas inversiones energéticas mexicanas puedan afectar a los pensionistas.
Fuente: Reuters