El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que las perspectivas para la economía española son “sumamente inciertas a corto plazo por el impacto del coronavirus”. En 2019 ya se estaba desacelerando la actividad por la incertidumbre interna y, especialmente, externa, dice el organismo en el avance de su informe anual sobre España publicado este miércoles. Pero ahora añade que “las perturbaciones temporales sobre las cadenas de suministro, el comercio, el turismo y el consumo interno ralentizarán aún más el crecimiento en 2020”. El PIB de este año crecerá con toda seguridad menos del 1,6% previsto antes del contagio. De ahí que pida políticas fiscales con carácter extraordinario y temporal que protejan a la población y mitiguen el golpe económico de la pandemia.
En opinión del organismo, estas iniciativas fiscales deberían consistir sobre todo en “dotar al sector sanitario de recursos suficientes” y en una asistencia dirigida a los sectores más afectados y los colectivos vulnerables. Se trata de ayudar a las personas que hayan perdido su empleo y a las empresas afectadas para que no quiebren y despidan, ha explicado la jefa de la misión en España, Andrea Schaechter.
Para limitar las consecuencias de un shock temporal como el coronavirus, la institución recomienda regímenes de reducción del tiempo de trabajo, de modo que las empresas puedan acortar el horario y mantener los puestos de trabajo al tiempo que las Administraciones compensan parte de la renta salarial perdida. “Es un sistema que ha funcionado bien en Alemania”, ha aconsejado Schaechter.
“Las instituciones del mercado laboral tendrían que seguir proporcionando suficiente flexibilidad para que puedan fijarse salarios y condiciones de trabajo que tengan en cuenta las necesidades específicas de cada empresa, especialmente a la luz de los crecientes riesgos a la baja para la economía”, reza el documento del FMI. Precisamente esta flexibilidad interna es la que se ha puesto en cuestión con los ajustes a la reforma laboral de Rajoy que ha anunciado el Ejecutivo de coalición. Es decir, la institución con sede en Washington insinúa que se tenga ahora cuidado deshaciendo esa reforma porque se puede necesitar para salvar puestos de trabajo. De lo contrario, la flexibilidad puede darse de nuevo a través de los trabajadores más precarios y que las empresas recurran a despedir temporales como sucedió en la anterior crisis. Por ese motivo, el informe defiende que se reduzca la diferencia en la indemnización por despido entre indefinidos y temporales. Y ello puede hacerse además creando una cuenta del trabajador donde la empresa vaya poco a poco abonando por adelantado una parte del despido, esto es, la mochila austriaca que propone el Ministerio de Economía y que según el Fondo no rebajaría la protección para la mayoría de los empleados.
Schaechter ha considerado razonable que se pueda poner en pausa la consolidación fiscal. Pero más allá de las iniciativas extraordinarias que se puedan tomar por la epidemia, el FMI recuerda que cualquier retraso en el saneamiento de las cuentas públicas debe acompañarse de un compromiso creíble de ajuste en el futuro. De hecho, pide al Gobierno que apruebe medidas en los Presupuestos de 2020 para compensar la revalorización de las pensiones y los aumentos de salarios de funcionarios. Y esgrime que España debe adoptar medidas fiscales para bajar la elevada deuda pública y abordar “el déficit persistente del sistema de pensiones”. La baja recaudación sobre PIB indica que existe margen para subir los impuestos, señala el documento. Y apunta dónde hacerlo: los IVAs reducidos, las tasas a consumos específicos y medioambientales y la reducción de ineficiencias en el sistema tributario. “La adopción de medidas para la creación de espacio fiscal debería ser un prerrequisito para cualquier expansión adicional del gasto público”, advierte la organización dirigida por Kristalina Georgieva.
El Fondo destaca que se necesita “un compromiso a largo plazo para contener el gasto en pensiones”. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha afirmado que bastaba con asegurar que los beneficiarios se jubilaban a la edad legal; pasar gastos impropios a Hacienda que se financiarán en parte con impuestos y destopar cotizaciones. Por su parte, el FMI sostiene que se deben elevar más los ingresos pero sin subir más unas cotizaciones ya elevadas. Alaba alargar la vida laboral. Pero argumenta que además hace falta incluir el factor de sostenibilidad, una reforma que aprobó el PP y que no llegó a entrar en vigor por la cual se recortaba la prestación inicial en la medida en que aumentase la esperanza de vida. Por último, incide de nuevo en la necesidad de planes de ahorro suplementarios, ya sean individuales o de empresa.
Pero no se queda solo ahí el análisis del Fondo, el llamado capítulo IV. También subraya que el gasto social en España es poco redistributivo, en parte porque hay pocas medidas pensadas para los que más lo necesitan y en parte porque “la protección social se decanta hacia los pensionistas”. Y esto no solo requiere elevar los recursos. Se precisa aumentar la cobertura de los programas a la vez que se mejora la eficiencia y la coordinación entre Administraciones, concluye. A la hora de ayudar a las rentas bajas y atajar la pobreza laboral, el Fondo aboga por un programa de créditos fiscales a los rendimientos del trabajo. Es decir, un complemento salarial para los sueldos bajos. “Constituye una herramienta mejor dirigida y más eficiente que el salario mínimo”, razona el informe. Schaechter ha comentado que es demasiado pronto para analizar los efectos de las subidas del SMI. Aun así, ha detallado que con los datos de 2017 ya se vio que los grupos jóvenes aumentaban su probabilidad de perder el empleo.
En cuanto al mercado laboral, alerta del riesgo de que el paro solo descienda marginalmente de aquí en adelante. Y eso exige que se acabe el parón que han sufrido las reformas durante los últimos años. Las políticas de empleo y educativas deberían centrarse en reforzar la empleabilidad de los jóvenes, los poco cualificados y los parados de larga duración, asegura el texto elaborado por los técnicos del Fondo. Además, el tejido empresarial español, dominado por la pequeña empresa, necesita absorber nuevas tecnologías e innovar. Y para ello hace falta incentivar que las pymes crezcan en tamaño.
El documento dedica un apartado a las políticas para ampliar el acceso de los jóvenes y rentas bajas al mercado del alquiler. Y no menciona en absoluto los controles a las rentas que pretende poner en marcha el Gobierno de coalición. En lugar de eso propone subsidios a los alquileres de los más necesitados y hacer un esfuerzo por ampliar la oferta pública de vivienda en alquiler. También habla de mejorar la oferta, por ejemplo simplificando la regulación del suelo o acelerando los procesos de recalificación.
Fuente: El País