El gobierno federal acordó rescatar el proyecto del tren rápido México–Querétaro, suspendido por el gobierno federal en 2015, para lo cual existen ya dos proyectos ejecutivos que entraron en análisis la semana anterior, reveló el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.
En entrevista, el mandatario queretano informó que fue el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador quien, junto con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, le solicitó involucrarse en el tema.
“Les puedo decir con toda puntualidad, y pedido por el Presidente de la República y por el Consejero Jurídico, apenas la semana pasada; regresa ya a trabajar, de manera formal, el proyecto del tren México–Querétaro”, indicó el gobernador.
Explicó que en el desarrollo ferroviario estarán involucrados el Consejero Jurídico de la Presidencia, Scherer Ibarra y, como responsable de la obra, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“Vamos a ver los derechos de vía ya comprados (80 por ciento del trazo en la entidad), aparentemente hay dos proyectos ejecutivos que es de muchísimo avance y la intención del Ejecutivo federal es terminar el (tren) Toluca-México y seguirse con el (tren) México-Querétaro con una inversión de concesión”, indicó.
El gobernador panista comentó que aún no tienen definidas las fechas para iniciar la obra, ya que primero deben actualizar los proyectos ejecutivos del proyecto ferroviario anterior.
Domínguez explicó que posteriormente deberá reenviarse la situación jurídica que tiene la obra sobre las expropiaciones que se hicieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para el extinto proyecto del Tren de Alta Velocidad México– Querétaro.
En 2015, el gobierno federal suspendió el proyecto para construir el tren de alta velocidad entre la Ciudad de México y Querétaro bajo el argumento de disminuir el impacto en las finanzas públicas, ante el adverso escenario económico internacional.
La obra ferroviaria consideraba la inversión de 50 mil millones de pesos para la construcción de una ruta de dos vías con 210 kilómetros de longitud, para atender una afluencia de 23 mil pasajeros por día.
En noviembre de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto había dado como ganador al consorcio formado por las empresas China Railway Construction Corporation, CSR Corporation Limited, en asociación con cuatro compañías mexicanas, mismas que, al cancelarse la obra, exigieron el pago de 600 millones de dólares por concepto de indemnización por gastos no recuperables, como consecuencia de la revocación del contrato.
Hasta la fecha se desconoce el resultado de la demanda.
Fuente: Heraldo de México