Cuando se trata del tema de la mariguana, de su uso y producción, no existe consenso en la cámara alta. Pero las discusiones y diferencias de criterios se han elevado al grado de fragmentar las posturas de los mismos grupos parlamentarios, como en el caso de Morena.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, declaró que los permisos y licencias de producción de la planta deberían ser exclusivamente para los campesinos.

El senador Carlos Arias destacó las contraposiciones en los criterios de Cordero, quien estuvo a favor de la despenalización del consumo de mariguana para efectos lúdicos y médicos. Pero resaltó que dicha postura difirió con la del Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien destacó los aspectos negativos y nocivos en su consumo.

Por su parte, Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, considera necesario comenzar de cero y crear una nueva ley y que se cree un instituto que regule el tipo de licencias que se podrían otorgar al sector privado y de gobierno, aunque el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, comentó que bastaba con realizar algunas adecuaciones a la ley de salud vigente.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI por el estado de Yucatán y vicepresidente de la mesa directiva, aclaró que la gran mayoría de los legisladores aprueban el empleo de la marihuana con fines medicinales y científicos, sin embargo no hay un criterio heterogéneo con el resto de sus aplicaciones, principalmente lúdicas.

“Hay polémica en cuanto a la edad para el consumo de la marihuana. Esta ley establece que puede ser a partir de los 18 años, pero en casi todos los países en los que es legal se pide 21 años, el secretario de salud dice que 23 y los colegios médicos opinan que lo óptimo es a partir de los 25”, expresó Ramírez Marín.

Además, el legislador yucateco explicó que es necesario diseñar un programa de responsabilidades para las entidades federativas, de seguridad y salud, independientemente al de las autoridades federales, las cuales se beneficiarían de la recaudación resultante de su producción y comercio, lo que impediría que los estados también se beneficien económicamente.

En lo que respecta al PAN, tampoco hay uniformidad, de acuerdo a lo expresado por el senador por Querétaro, Mauricio Kuri González, quien forma parte de la Comisión de Derechos Humanos y de la de Ciencia y Tecnología.

“No hay consenso en mi grupo parlamentario. En lo personal estoy en contra. De hecho, el consumo ya esta legalizado, hay que ver el tema de la comercialización, pero estoy abierto al debate y al rebote para que me puedan convencer de alguna postura”, comentó Kuri González.

Algunos legisladores también propusieron aprovechar la modificación a la ley de salud y del Código Penal, para instaurar un marco legal a la industria del cáñamo, con la finalidad de buscar alternativas en la sustitución de la explotación de la madera para poder producir papel y fibras textiles.