Familiares de personas desaparecidas y asesinadas iniciaron en Chilapa, Guerrero, una marcha para exigir justicia y alto a la violencia.
La marcha, que partió el monumento del Memorial por los asesinados y desaparecidos en la carretera Chilapa-Zitlala, es encabezada por los hermanos Julián, Adrián y Bryan LeBarón, así como el senador Emilio Álvarez Icaza.
También participa José Díaz Navarro, presidente del colectivo Siempre Vivos y Manuel Olivares Hernández, dirigente del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
El contingente avanza hacia el zócalo de Chilapa en donde habrá un mitin.
En la marcha caminan familiares de personas asesinadas y desaparecidas.
En entrevista, Díaz Navarro exigió al Gobierno detener a los integrantes del grupo delictivo de «Los Ardillos» por ser responsables de la muerte de sus dos hermanos y de muchas más personas en Chilapa y en localidades vecinas.
El activista, que tiene medidas cautelares tras ser amenazado de muerte y recientemente una organización internacional de derechos humanos intercedió ante el Gobierno de Holanda para que le dieran asilo político, señaló que es mentira que en Chilapa haya bajado la criminalidad.
«Efectivamente han bajado los homicidios, pero hay un grupo criminal que tiene bajo control la ciudad ya que cobra cuota a los empresarios y comerciantes además de que la gente ya no puede salir por las noches a la calle», señaló.
Según sus cuentas, en los últimos diez años, mil 500 personas han sido asesinadas y 500 desaparecidas en Chilapa.
La «Marcha por la paz y la justicia» en Chilapa se da en un contexto de un nuevo operativo policiaco y militar que iniciaron el Gobierno federal y estatal tras el asesinato de diez trabajadores de un grupo musical «Sensación» en la carretera Chilapa-Hueycantenango.
Eso derivó en que integrantes de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores(CRAC-PF) y habitantes de la comunidad de Alcocozacán -de donde era originarios los diez asesinados- bloquearan la vía durante seis días.
Los dirigentes de las autodefensas dieron a conocer que ante la inacción del Gobierno para detener a los integrantes de «Los Ardillos», capacitan a niños indígenas para que en un futuro formen parte de las filas de la policía comunitaria para defender a sus pueblos.
Dicho operativo es el cuarto despliegue de fuerzas de seguridad en la zona de la Montaña Baja de Guerrero desde la entrada de López Obador al Gobierno.
Sin embargo, la violencia en esa región no ha sido contenida, señaló Díaz Navarro.
Indicó que este grupo de activistas que encabeza la familia LeBarón van a insistir para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador los reciba en audiencia.
El contingente es resguardado por agentes de la Policía estatal, Guardia Nacional y Policía Federal.
Cuándo Díaz Navarro les detalló a los hermanos LeBarón la situación de violencia que desde hace una década prevalece en esta zona de Guerrero, Adrián LeBarón comentó: «está más cabrón que en Chihuhua».