Familiares de víctimas de «falsos positivos» (eufemismo colombiano para las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de las fuerzas militares) pidieron que el General en retiro Mario Montoya sea excluido de la jurisdicción o que su caso sea enviado a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El tribunal es el encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado colombiano.

«A juicio de las víctimas el compareciente no aportó a la verdad y hay un proceso de desgaste de la justicia transicional. Dicha solicitud será estudiada por los magistrados de la Sala de Reconocimiento», informó el tribunal de paz.

Excluir a Montoya puede alejar aún más a las víctimas de la verdad, y ellas lo saben.

«Sabemos que afectaría muchísimo, pero que él no está aportando a la verdad», dijo Cecilia Arenas, cuyo hermano fue víctima de un «falso positivo» admitido por tres soldados.

Montoya fue el comandante del Ejército entre 2006 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

Entre 2002 y 2008, según la Fiscalía, se cometieron dos mil 248 asesinatos probados de civiles inocentes.

El General en retiro había sido mencionado por víctimas y algunos uniformados en hechos relacionados con el caso 03 -«muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado»- y durante una audiencia reservada este miércoles y jueves debió responder las preguntas de los magistrados que contrastan las versiones.

Montoya diferenció entre subordinados y subalternos, de quien se desligó.

«Si bien son integrantes de la Fuerza, no tenían comunicación ni órdenes directas del comandante del Ejército, recibían órdenes y comunicaciones de sus respectivos comandantes», explicó el ex comandante, según la transcripción de la comparecencia esta semana ante la JEP, consultada por EL PAÍS y corroborada con testigos presenciales.

El General en retiro fue cuestionado por la presunta presión que ponía en las unidades militares para que aumentaran un mayor número de bajas.

«Yo exigí resultados operacionales, exigí operaciones, no bajas. Nadie puede decir que el General Montoya mandó a matar», respondió el ex comandante.

José Miguel Vivanco, de la ONG Human Rights Watch (HRW), recordó que sí existe un documento en el que Montoya habla de bajas.

«El factor más importante para evaluar el rendimiento de los comandantes era el número de muertos en combate que reportaban sus tropas. Así lo comprueba un documento militar de abril de 2006, llamado Políticas del señor mayor General Mario Montoya. El texto señala que ‘los comandantes se evalúan por sus resultados’. Además, el general aclara con una franqueza brutal: ‘las bajas no es lo más importante, es lo único'», señaló Vivanco.

Hasta el momento, el tribunal ha escuchado 215 versiones de militares.

Montoya no ha sido el único General, aunque sí el del mayor cargo.

Otros tres han hablado ante los magistrados y el tribunal llamará a rendir versión a otros cuatro Generales para desentrañar las ejecuciones extrajudiciales que se han convertido en uno de los mayores escándalos del Ejército de Colombia.