Debido al incremento en la última década de hasta 40 por ciento de la producción de aguacate en el estado de Puebla, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) alertó a las autoridades que el aguje del cultivo y la expansión de la plantación generan problemas ambientales y sociales en las comunidades de origen campesino, asociado a la cooptación de la producción por el crimen organizado.

A través del organismo internacional Global Forest Watch, informó que se han identificado casos de cambio de uso de suelo para la siembra de huertas de aguacate, incluyendo zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP), lo que ha generado conflictos por estrés hídrico en pueblos aledaños.

Esto se debe precisó a que la producción de aguacate tiene mayor demanda hídrica que la vegetación nativa, mientras que permite menos filtración a los mantos acuíferos.

Además, la siembra de árboles de aguacate causa que se filtre menos agua hacia los acuíferos, aunado a que la deforestación asociada al cultivo aumenta el nivel de riesgo relacionado con erosión y desbordamiento de ríos.

Al respecto, WRI México reveló que el país sufre un extremadamente alto estrés hídrico en estados como Michoacán y Jalisco, los dos principales productores de aguacate en el país, al igual que la entidad poblana por la contaminación de sus ríos y la industrialización de las comunidades rurales.

Dicha información puede confirmarse con el atlas de riesgo del organismo mundial Aqueduct, donde Puebla se encuentra entre las ciudades del mundo declarada en alerta roja por la inminente crisis que enfrenta por escasez de agua, derivado del crecimiento desmedido de su población, la alta contaminación en ríos y la baja recarga de mantos acuíferos.

Esto significa, que en la capital poblana –donde se concentra el mayor número de población del estado– se consume anualmente entre 40 y 80 por ciento de sus reservas de agua.

De 2009 a la fecha, el aguacate mexicano ha tenido una década de creciente popularidad. Con una producción de casi 2.2 millones de toneladas en 2018, México es el principal productor a nivel mundial.

La producción nacional ha crecido a una tasa de 8 por ciento anual desde 2009, mientras que el valor comercial de esta producción se ha incrementado a una tasa de 18 por ciento anual, lo que significa en números 42 mil millones de pesos.

Más de la mitad de la producción nacional es para la exportación: alrededor de una tercera parte de los aguacates que entran al mercado internacional son de origen mexicano.

Las importaciones mundiales de aguacate han aumentado 172 por ciento en la última década, lo que se ha reflejado en crecientes exportaciones mexicanas del producto, principalmente con destino a Estados Unidos de Norteamérica, Japón y Canadá.

Por lo tanto, WRI México estimó que la demanda de aguacate continuará creciendo, aunque la capacidad de producción sustentable en Michoacán, el principal productor nacional, se acerca a su límite.

El estado de Jalisco es el segundo productor de aguacate, con 9 por ciento del producto nacional, muy distante de la producción michoacana que alcanza 77 por ciento.

Con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Puebla ocupa el séptimo lugar en la producción nacional de aguacate, al cosechar 16 mil 293 toneladas anuales.

Asimismo, se ubica en el sitio octavo en México con mayor superficie sembrada, con 3 mil 178 hectáreas para el cultivo de aguacate.

Los principales municipios productores son Atlixco, Tochimilco, Ajalpan, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula, Tepexi de Rodríguez, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tianguismanalco y Tlatlauquitepec, entre otros.

Por ende, el organismo internacional alertó que es trascendental evitar que se repliquen en estados como Jalisco y Puebla las consecuencias negativas experimentadas en Michoacán.

A pesar de ello, la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno poblano anunció en enero de 2020 que respaldará 105 iniciativas para la producción de aguacate en comunidades mixtecas, como Cohuecan, Atzitzihuacán y Tochimilco.

Para acrecentar la producción de aguacate en el estado y generar mejores ingresos para productores, se destinaron 8 millones 741 mil 139 pesos para el cultivo y comercialización de este fruto.

A la par del cultivo de aguacate, se trabaja para el desarrollo del durazno por su alto valor comercial, por lo que solo para este fruto se destinaron 2.1 millones de pesos.

Recientemente, la producción de aguacate ha sido centro de controversia a nivel nacional e internacional a un grado tal que se acuñó el término aguacates de sangre (o blood avocados), por el costo ambiental, social y la violencia.

A nivel internacional, no es un tema nuevo que la pelea por el aguacate en México formó grupos de autodefensas en 2013, en el estado de Michoacán, para confrontar al cártel “Los Caballeros Templarios” que vieron en este producto una forma de lavar dinero y operar como cualquier otro negocio.

A partir de entonces, en Michoacán inició una era de secuestros y homicidios a cambio de cuotas que debían pagar los productores.

En septiembre pasado, WRI México reveló que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica emitió una alerta de suspensión de la certificación de aguacate mexicano, derivado de la inseguridad que ha afectado a personal estadounidense que trabaja en la certificación del producto en Michoacán.

Dicha situación afectó gravemente a la industria, ya que únicamente los aguacates certificados pueden ser exportados al país del norte.

En 2018, la producción de una hectárea sembrada con árbol de aguacate valía en promedio 136 mil pesos brutos, casi cuatro veces más que hace una década.

A la vez, es difícil que otros cultivos, como el maíz, u otros usos de suelo, como el manejo forestal, puedan competir con el costo de oportunidad de la siembra de aguacate.

Aunque no toda la expansión del aguacate ha causado deforestación, es un hecho que las regiones donde ha habido mayor producción también son zonas con altos niveles de pérdida de cobertura forestal, lo cual está provocando un incremento de desastres naturales.

De hecho, en 2019 ya se registró una crisis en Jalisco relacionada con la deforestación para cultivar aguacate: el desbordamiento del río Salsipuedes, en el municipio de San Gabriel, que cobró al menos cinco vidas.

Para continuar el crecimiento de la producción de este fruto sin mayores afectaciones al medio ambiente, WRI México dijo que es indispensable implementar políticas de ordenamiento territorial que planifiquen el uso de la tierra basado en la aptitud del suelo, disponibilidad de agua y vocación del territorio.

Como ejemplo citaron el Sistema Comunitario para el Manejo y Protección de la Biodiversidad de la cuenca Huatulco–Copalita, en el estado de Oaxaca, donde se llevó a cabo un ejercicio de planificación territorial comunitaria en el que las comunidades decidieron, basándose en características territoriales (físicas, biológicas y culturales) y perspectivas de vida (criterios de beneficio propio) el uso de cada porción de su territorio, así como los mecanismos para lograr su visión (estructuras y procedimientos internos).

Por otro lado, propuso, impulsar herramientas de mercado que premien las buenas prácticas agrícolas, como esquemas de certificación sustentable, para salvaguardar la riqueza de los bosques mexicanos y asegurar la continuidad del capital natural nacional.

A la par, señaló que es importante implementar políticas e incentivos alineados con las metas de desarrollo rural y sustentabilidad ambiental, ya que la falta de alternativas de medios de vida a menudo provoca un uso de suelo insostenible para satisfacer las necesidades básicas.

El programa de Bosques de WRI México busca generar condiciones habilitadoras para la restauración y la prevención del cambio de la cobertura vegetal desde dos frentes: el alineamiento de las políticas públicas con los objetivos de conservación y restauración y el incremento del involucramiento de la iniciativa privada en la agenda verde.

En Puebla, el organismo mundial trabaja proyectos con comunidades locales para fomentar la producción rural utilizando un enfoque integrado de planificación del uso de la tierra que tenga en cuenta los objetivos de alimentos, bosques, biodiversidad y cambio climático. (YADIRA LLAVEN ANZURES. LA JORNADA DE ORIENTE)