A menos de un año de haber tomado posesión como presidente de El Salvador, Nayib Bukele encara su primera gran crisis política. El mandatario se ha enfrentado al Parlamento del pequeño país centroamericano después que los diputados se negaran a aprobar un préstamo por 109 millones de dólares clave para financiar la estrategia de seguridad en una de las naciones más violentas del mundo. La tensión aumentó este domingo, cuando Bukele desafió a los legisladores al irrumpir, arropado por oficiales de la policía y militares, en la Asamblea Legislativa, se sentó en la silla del presidente parlamentario y ordenó el inicio de la sesión, amparado, dijo, por un derecho divino. Tras hacer una oración dejó la cámara para saludar a centenares de sus seguidores. El mandatario llamó a una insurrección popular, mientras la oposición exigió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para frenar lo que han considerado un “autogolpe de Estado”. La noche del domingo la Presidencia salvadoreña emitió un comunicado con declaraciones del presidente, que llamaba a la calma ante «la demanda de insurrección».
La crisis comenzó el viernes, cuando el mandatario exigió a la Asamblea Nacional a que sesionara este domingo para aprobar el desembolso de los fondos, un financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que serán utilizados para equipar a la Policía y el Ejército dentro del plan de Bukele para enfrentar la violencia. Entre los equipos a adquirir hay helicópteros y un buque valorado en 26 millones de dólares. “Si los diputados no asisten, vamos a utilizar nuestros poderes constitucionales para hacer cumplir la Constitución”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter, la red social desde la que anuncia sus decisiones y se enfrenta a sus detractores de forma desenfadada y a veces abiertamente petulante.
A la sesión solo asistieron 28 de los 84 diputados. Bukele se amparó el artículo 167 de la Constitución, pero los diputados dijeron que no había motivos para invocar ese precepto constitucional, que prevé la convocatoria a sesiones extraordinarias del Legislativo en caso de emergencias nacionales. «Queda constancia que esta presidencia ha hecho los esfuerzos necesarios para resolver la crisis que se ha generado y para esos efectos se convocó a esta sesión plenaria, la que no fue posible realizar por no existir el quórum requerido», declaró el presidente del Congreso, Mario Ponce, citado por France Presse.
Fue entonces cuando el mandatario llamó a una insurrección popular, apelando al derecho constitucional, y exigió la lealtad al Ejército, que lo apoya. René Merino, ministro de Defensa, emplazó el sábado a los militares a “obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aún a costa de nuestras vidas”.
Bukele ordenó a sus simpatizantes a desplazarse hasta la sede del Legislativo y el despliegue de militares y policías, en un intento de presionar a los diputados para que aprueben los fondos. El mandatario gobierna con una Asamblea controlada por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el izquierdista (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional), nacido de la vieja guerrilla salvadoreña y al que perteneció Bukele.
Nayib Bukele, el hombre de 37 años que ya ha revolucionado la política de El Salvador al romper con el bipartidismo de Arena y del FMLN, tomó el poder a inicio de junio del año pasado entre las expectativas de sus ciudadanos, cansados de la corrupción, la impunidad y la violencia que los agobia. Bukele triunfó en primera vuelta en las elecciones de febrero de ese año con el 53,1% de los votos, un inmenso apoyo popular que ha usado para impulsar sus reformas. Desde entonces ha desarrollado una línea de gobierno populista y con tintes autoritarios, gobernando a golpes de tuits y enfrentándose a los poderes del Estado y a la prensa independiente salvadoreña. “Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos tomar la medicina amarga, nos toca ahora a todos sufrir un poco, tener un poco de dolor, asumir nuestra responsabilidad y sí habrá momentos duros, pero tomaremos decisiones con valentía y espero que me acompañen a defender esas decisiones”, dijo en su toma de posesión.
La decisión de Bukele de invocar el “derecho a la insurrección” fue criticado el domingo por organizaciones de derechos humanos locales y organismos internacionales. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó el domingo a las partes a dialogar y pidió respeto a las instituciones democráticas y el respeto a las leyes, incluyendo la independencia de los poderes del Estado, informa Reuters. En la misma línea se pronunció la Delegación de la Unión Europea en San Salvador, que a través de un comunicado pidió que la crisis se resuelva “de forma satisfactoria y pacífica”.
La tensión se mantenía en la capital, con decenas de simpatizantes reunidos en los rededores de la Asamblea. “Estamos aquí por la inseguridad que tenemos en nuestro país y porque los diputados no la quieren reconocer. Ellos no quieren hacer el trabajo por el que el pueblo los eligió”, dijo Adelma Campos, de 43 años, citada por Reuters. Mientras, los diputados opositores hicieron un llamado a la OEA para que intervenga en la crisis y active los mecanismos establecidos en la Carta Democrática Interamericana frente a lo que han denominado como un “autogolpe”.
Fuente: El País