El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció esta semana que presentará un proyecto de ley en el Parlamento que permitiría la explotación de recursos en tierras indígenas protegidas. La iniciativa —que incluye la minería, la extracción de petróleo y gas, la construcción de hidroeléctricas y la exploración de tierras para agricultura, ganadería y el extractivismo forestal— será enviada al Congreso para su tramitación, donde se enfrentará al rechazo de la comunidad indígena y de los ambientalistas, que califican la propuesta de “genocida”. La Constitución de Brasil prevé la minería en estas reservas, pero hasta el momento no se ejecuta porque prescinde de un desarrollo normativo que la regule y además debe contar con la aprobación de la población indígena. Por estas causas, no hay declarada ninguna mina oficial en las 619 áreas indígenas localizadas en el país, aunque esté probada la existencia ilegal de decenas de ellas, principalmente en la región amazónica, donde mineros que practican la actividad de forma ilícita han asesinado a indígenas de la región.
El proyecto de Bolsonaro también prevé que se permita la exploración de tierras de los pueblos originales para el turismo, la agricultura, la ganadería o el extractivismo forestal. Y sugiere que el Parlamento consulte a los indígenas sobre su propuesta, pero que se les impida ejercer su derecho a veto, una solicitud que iría en contra de la Constitución del país.
El presidente, que anunció la incitativa durante la celebración de sus 400 días en el poder, presionó al Legislativo para que apruebe su propuesta y declaró que, si pudiera, encerraría a los ambientalistas en la Amazonia. “Este gran paso depende del Parlamento, que sufrirá la presión de los ambientalistas. Esos del medio ambiente”, dijo con su habitual estilo de desprecio a los defensores de la naturaleza. “Si un día pudiera, los encierro en la Amazonia, ya que les gusta tanto el medio ambiente, así dejan de molestar a los amazónicos aquí desde dentro de las áreas urbanas”, señaló.
En su discurso alegó que los indígenas son “seres humanos”. “Exactamente iguales que nosotros. Tienen corazón, sentimientos, tienen alma, deseos, y son tan brasileños como nosotros”, añadió. La frase refuerza la idea del actual Gobierno —que evoca al pasado de la dictadura militar— de que los indígenas deben “integrarse” a la sociedad no indígena.
Según el comunicado emitido por el Ministerio de la Casa Civil, las comunidades indígenas afectadas por la industria minera percibirían indemnizaciones de las empresas que exploten las áreas y se contaría con consejos de vigilantes que estarían compuestos únicamente por indígenas. El texto prevé también que los indígenas puedan explorar las áreas en las que residen. El pasado enero, el Ministerio de Minas y Energía brasileño ya había realizado una reunión para presentar el proyecto a todos los embajadores europeos en Brasilia y dejar claro que Bolsonaro va a insistir en su objetivo.
Entidades vinculadas a las comunidades indígenas protestaron contra la medida y recordaron que Bolsonaro está obligado a respetar los derechos constitucionales de los indígenas, incluido el de mantener las particularidades de sus modos de vida. La ONG Observatorio do Clima advirtió a los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia; y del Senado, David Alcolumbre, de que rechazarían este tipo de propuestas. “Esperamos que cumplan sus palabras y no acepten este proyecto genocida. Ambos se habían comprometido a no someter a votación aquellas propuestas que amenazasen a los bosques ni a los pueblos tradicionales. Es hora de poner a prueba esa determinación”, escribió la asociación en una nota.
Para estas poblaciones, la explotación económica traerá como consecuencia la desigualdad en las comunidades, la devastación forestal acelerada y la desaparición de especies nativas del planeta. El último informe de la ONU, de 2019, sobre la velocidad con la que las especies se están extinguiendo —una de cada ocho está amenazada—, subraya que esta destrucción de la naturaleza es más lenta en las tierras donde viven los pueblos indígenas.
El proyecto de exploración de áreas indígenas no es el único punto del Gobierno de Bolsonaro que preocupa a los indigenistas. Las últimas semanas, su gestión fue objeto de varias críticas por haber designado al exmisionero evangélico Ricardo Lopes Dias como nuevo coordinador de indígenas aislados. En un comunicado, el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) afirmó que el presidente ha dejado de respetar la existencia libre de los pueblos indígenas y que fomenta el genocidio de dicha población.
Fuente: El País