Las empresas de capital humano advirtieron que existe incertidumbre sobre los mecanismos que se llevarán a cabo para combatir el outsourcing irregular, ya que temen que la subcontratación, incluso legal, sea considerada una práctica criminal.
Pablo Lezama, director general de la Asociación Mexicana de Empresa de Capital Humano (Amech), consideró que es positivo que las distintas autoridades se coordinen para detectar las malas prácticas, sin embargo, dijo que hay empresas de subcontratación que sí cumplen con los compromisos fiscales y de seguridad social.
«Sí me preocupa el asunto de criminalizar prácticas de outsourcing si van más allá de los que son ilegales. Vemos bien que se persiga la evasión de impuestos, la simulación, pero no sabemos de qué tamaño es el universo de empresas que prestan servicio de outsourcing.
«En Amech somos 27 solamente y somos los que tenemos claridad de que hacemos bien las cosas. No pueden acusarlas de crimen organizado o no pagar impuestos», subrayó.
Lezama señaló que no es lo mismo una empresa de capital humano que presta servicios a varias empresas que una razón social que está creada ex profeso para darle servicio a una sola empresa y en realidad existe solo en el papel.
«No podrías comparar a las empresas que prestan servicios a muchos sectores o industrias, que tienen activos y una vida clara que una empresa que solamente existe en el papel y que su propósito es evadir impuestos y sub registrar trabajadores y creo que a eso se refieren las autoridades con outsourcing ilegal», refirió.
A su vez, el abogado laboral, Germán de la Garza, del despacho Mowat, advirtió que no existe certeza sobre la manera en la cual las autoridades combatirán las malas prácticas de outsourcing y anticipó que se presentarán en el Congreso iniciativas sobre la materia.
«Esto fue el banderazo inicial de una serie de acciones que va a tomar el Gobierno federal de políticas públicas y el inicio de una serie de iniciativas que presentarán legisladores de Morena, tanto en la Cámara de Senadores como la de Diputados, tendientes a delimitar el esquema de subcontratación», señaló.
A su vez, Jorge Sales, socio fundador del bufete Sales Boyoli, comentó que hay inquietud por parte del sector empresarial debido a la tendencia a criminalizar que muestra el Gobierno, de tal forma que el sector empresarial mira con cautela este tipo de soluciones que calificó de radicales.
«Inquieta porque se pueden cometer injusticias en el camino. La preocupación que hay es que tal parece que la única salida que el Gobierno está encontrando para sancionar conductas reprobables es criminalizándolas», consideró.
Fuente: Reforma