En 2018 se realizaron más de cinco millones de llamadas telefónicas provenientes de siete penales del país, lo que representó una alza de 37 por ciento respecto al año previo.

Lo anterior pese a que existe una disposición que establece la instalación de inhibidores de señales en centros de readaptación y cárceles, reveló un informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En el “Estudio estadístico del número de terminales móviles y de llamadas de móviles y de casetas telefónicas públicas que opera dentro de una muestra de penales en el país”, se encontró que en los siete centros penitenciarios analizados hay entre 806 y 829 teléfonos celulares “sospechosos”, que realizan un número atípico de llamadas, y que en 80 por ciento de ellos se utilizaron diferentes números o tarjetas SIM.

“Observamos que aún se mantienen operando equipos en todos los penales, lo cual implica que aún existen bloqueadores de señal que no funcionan adecuadamente”, señaló el informe.

Además, indicó que “es recurrente la introducción de equipos terminales, así como la instalación de inhibidores de señal deficientes”.

“Los inhibidores sólo funcionan si los prenden; si alguien está coludido, apaga el botón y funcionan los celulares; entonces, la lógica apunta a que hay colusión de las autoridades, es la única manera de que los teléfonos funcionen”, opinó Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independiente de México.

El informe del IFT se destaca el poco interés de las autoridades para resolver el conflicto: “durante 2017 y 2018 se registró escaso interés y colaboración de las autoridades de seguridad para atender el problema”.

Jorge Fernando Negrete, experto de la consultoría Digital Policy&Law (DPL), comentó que más de 90 por ciento de las llamadas provenientes de los penales es para fines delictivos o de extorsión.

Fuente: Heraldo de México