La carta que el Gobierno de Estados Unidos envió a Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, donde aclara que los agregados laborales que considera tener en su Embajada en México, no tendrán función de inspectores, es suficiente, consideró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Lo importante es que Estados Unidos reconoce que no van a ser inspectores, y que realmente quien tiene el juicio es el panel que se tiene que formar de acuerdo a los convenios que se ratificaron en el tratado”, sostuvo al término del anuncio del salario mínimo para 2020 en Palacio Nacional.
A mediodía, Seade presentó a medios una carta firmada por Robert Lighthizer, Representante Comercial de Estados Unidos, donde afirma que la figura de agregados laborales que su país incluyó en la ley de implementación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “no serán inspectores laborales y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas relevantes”.
El representante estadounidense señaló que la propuesta de implementación del T-MEC incluye un lenguaje que autoriza hasta cinco agregados del Departamento del Trabajo para colaborar con sus contrapartes mexicanas, trabajadores y grupos de la sociedad civil en la implementación de la reforma en materia laboral.
“(Los agregados incluyen) la provisión de asistencia técnica y el desembolso de fondos para la construcción de capacidades, (además de) proveer apoyo al nuevo comité intersecretarial de cuestiones laborales del gobierno estadounidense”, agregó.
Lighthizer contextualizó que es típico que las embajadas establezcan agregados en diversos temas.
Previamente, Jesús Seade confirmó que estos panelistas independientes serán seleccionados equitativamente por cada país con base en su objetividad, confiabilidad y buen juicio.
“Las únicas visitas a territorio nacional que podrán realizarse serán de acuerdo con los procedimientos y reglas dispuestos en el propio T-MEC, a través de panelistas independientes y seleccionados equitativamente por cada país con base en su objetividad, confiabilidad y buen juicio”, puntualizó.
Además, Seade apuntó que el gobierno de México buscará establecer su propia ‘hot line’, para recepción de quejas.
En tanto, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), señaló en Palacio Nacional que “lo que no se puede permitir es una injerencia por el tema de nuestra soberanía, sí se pueden hacer planteamientos de ida y vuelta donde se verifiquen que procesos de libertad y democracia sindical se cumplan, eso se vale”.
Para Gustavo Uruchurtu, exnegociador de la Secretaría de Economía en el TLCAN, recordó un caso similar cuando ayudó a negociar el TLCAN en los años noventa.
“En esas negociaciones había una disposición que señalaba que cualquier reforma que se hiciera a la ley en materia de prácticas desleales se le tenía que notificar a la otra parte con anterioridad, entonces nos dimos cuenta de que su ley de implementación tenía cosas más allá de lo que estaba acordado, y se los hicimos saber y los estadounidenses únicamente contestaron que así lo había interpretado su Congreso y no hicieron nada”, dijo.
A su vez, Sergio Negrete, profesor del ITESO, señaló que aunque las verificaciones laborales solo podrán ser realizadas por paneles bilaterales, esto no quita que Estados Unidos pueda llamar a una inspección gracias a la información que le entregarán sus agregados laborales.
En tanto, a Kenneth Smith, ex negociador del T-MEC en la pasada administración, le quedó la duda si los observadores van a tener el mismo grado de acceso que los panelistas a la información documental, y si la van a poder compartir con el gobierno de EU y los sindicatos.
“Si los observadores solo observan y reportan cómo se llevó a cabo una verificación, es una cosa, pero si obtienen información que le pueda servir a la autoridad estadounidense o a los sindicatos para iniciar casos en contra de México, ahí sí estarían cruzando una línea que el gobierno de México está tratando de señalar”, dijo.
Fuente: El Financiero