La Secretaría de la Función Pública impulsó la destitución e inhabilitación del actual director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien por 10 años no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal.
La titular de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, explicó que dicha sanción se deriva de las acciones que ella misma informó, en cumplimiento de la instrucción presidencial de investigar a funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con el esquema de la«Estafa Maestra».
Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 23 de enero de 2019, afirmó que si altos funcionarios de Pemex designados por la nueva administración estaban involucrados «en eso de la Estafa Maestra no tienen porque trabajar en este gobierno».
El jefe del Ejecutivo refirió en aquella ocasión: «les adelanto que, si están involucrados en un acto de corrupción, no tienen trabajo en el gobierno”, e instruyó tanto al Director General de Pemex como a la Secretaria de la Función Pública que separaran a los funcionarios vinculados a la «Estafa Maestra».
Por ello mismo, Sandoval anunció desde principios de año diversas auditorías y acciones específicas en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar y colaboradores cercanos.
Además la Secretaria de la Función Pública presentó en abril ante la Fiscalía General de la República (FGR) las denuncias correspondientes por hechos constitutivos de probables delitos que resultaron de las auditorías, investigaciones y procedimientos que previamente inició.
Posteriormente se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa e investigaciones relativas a su evolución patrimonial, para detectar y documentar probables inconsistencias.
Como resultado de ello, se detectaron omisiones en sus declaraciones patrimoniales de cuatro años consecutivos, de 2014 a 2017, las cuales violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en la época de los hechos.
Sandoval Ballesteros aseguró en un comunicado que en todo momento se respetó el derecho de audiencia de la persona inhabilitada, quien fue notificada de la resolución, cuyo efecto implica que Pemex deberá separarlo del cargo que se encuentra ocupando.
Agregó que en estricto apego a la ley y para garantizar su cumplimiento la Secretaría de la Función Pública vigilará la efectiva aplicación de la sanción y será respetuosa de las determinaciones que en su momento tomen otras instancias.
Fuente: Excélsior