China ha comenzado ya las represalias que prometió después de que Estados Unidos promulgara la semana pasada una ley de apoyo a las protestas en Hong Kong. A partir de ahora, Pekín prohibirá a los barcos militares estadounidenses que fondeen en el territorio autónomo e impondrá también sanciones a diversas ONG de esa nacionalidad, a las que culpa de haber respaldado “el caos en Hong Kong”.
El presidente de EE UU, Donald Trump, ratificó el miércoles pasado la Ley De Derechos Humanos y Democracia para Hong Kong, que obliga a Washington a evaluar cada año la situación de las libertades fundamentales en la antigua colonia británica. Si encuentra que no se respetan lo suficiente, puede imponer sanciones contra los responsables y retirar al territorio autónomo el estatus comercial preferente que le permite evitar las restricciones que Estados Unidos sí impone a la China continental. Ya desde que el Congreso aprobó esa medida, Pekín amenazaba con represalias que no había especificado.
La primera andanada no se ha hecho esperar. Este lunes, la portavoz jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín, Hua Chunying, ha anunciado que Pekín dejará de tramitar las peticiones de buques militares estadounidenses para fondear en aguas hongkonesas.
Hasta ahora era habitual que los buques estadounidenses en el Pacífico atracaran en el territorio autónomo chino para una parada de descanso. Es una tradición que se remonta a los tiempos coloniales y que Pekín había seguido permitiendo tras el traspaso de la soberanía en 1997. Pero ya en agosto, en medio de una escalada de las protestas contra el Gobierno hongkonés y contra Pekín, China denegó el permiso a dos barcos estadounidenses. El último buque de guerra estadounidense que pudo atracar en el puerto de Hong Kong lo hizo en abril, dos meses antes de que comenzaran las manifestaciones prodemocracia en el territorio autónomo.
“En vista del comportamiento poco razonable del lado estadounidense, el Gobierno chino ha decidido suspender a partir de hoy [por este lunes] la tramitación de las solicitudes de los barcos militares estadounidenses para ir a Hong Kong en parada de descanso”, declaraba Hua.
La portavoz también ha anunciado sanciones contra ONG estadounidenses, aunque no ha precisado exactamente cómo China va a castigarlas. Entre las organizaciones perjudicadas se encontrarán Human Rights Watch, el National Endowment for Democracy y Freedom House.
“Hay un montón de pruebas de que estas ONG han apoyado a fuerzas antichinas para sembrar el caos en Hong Kong, y las han alentado a participar en actos delictivos de extrema violencia y en actividades separatistas en busca de la independencia de Hong Kong”, ha asegurado Hua. Estas organizaciones, ha agregado, “mantienen una gran responsabilidad por el caos en Hong Kong, y se merecen ser castigadas y pagarlo caro”.
El anuncio de China marca un nuevo paso en el deterioro de las relaciones entre las dos potencias, en momentos en los que ambas intentan cerrar la primera fase de un acuerdo para cerrar la guerra comercial que mantienen desde hace un año y medio. De no alcanzarse un consenso antes de esa fecha, el 15 de diciembre EE UU tiene previsto imponer aranceles de un 15% adicional a cerca de productos chinos por un valor de 156.000 millones de dólares. Pekín ha amenazado con responder con un impuesto similar sobre 75.000 millones de dólares de exportaciones estadounidenses, incluidas las semillas de soja.
En Hong Kong, tras una pausa de una semana por la celebración de elecciones municipales, en las que la oposición demócrata logró el 85% de los asientos de concejal en disputa, han comenzado de nuevo las actividades de protesta. Este fin de semana, decenas de miles de personas se lanzaron a la calle en el paseo marítimo del barrio de Tsim Sha Tsui, frente a la bahía, en una protesta que terminó después de que la Policía lanzara varias rondas de gas lacrimógeno. Para el domingo próximo está convocada otra marcha por el centro de la ciudad que marcará los seis meses desde el comienzo de las protestas y que los participantes esperan sea masiva.
Fuente: El País