El nuevo Gobierno argentino ultima este lunes un paquete de medidas de “emergencia económica, social y sanitaria” para afrontar la profunda crisis del país, en virtual suspensión de pagos. Las medidas, muy numerosas, incluían desde aumentos de impuestos hasta ayudas a las pequeñas empresas y programas de vacunación obligatoria. Viajar al extranjero y comprar productos en el exterior será mucho más caro, con el fin de proteger las menguadas reservas en dólares. El presidente Alberto Fernández aspira a que el Congreso, al que el Gobierno solicita asimismo “poderes especiales” para renegociar la deuda, apruebe el paquete esta misma semana.
En los ministerios de Buenos Aires se trabaja contra el reloj. El peronismo sabía desde el pasado agosto, cuando arrasó en las primarias, que iba a ganar las elecciones del 27 de octubre, pero ese tiempo no parece haber bastado para tener a punto las medidas de urgencia. El jefe de gabinete (primer ministro), Santiago Cafiero, explicó el domingo al diario Clarín que todavía les estaba “costando saber algunas cosas”, como el estado del déficit fiscal, que el anterior Gobierno de Mauricio Macri cifraba en un 0,5% y que, según Cafiero, es superior.
La primera medida se publicó el sábado en forma de decreto y afectaba a las exportaciones agrarias, el principal mecanismo argentino para la obtención de divisas. Quedó anulado el esquema impositivo establecido por el anterior presidente, Mauricio Macri, que retenía cuatro pesos por dólar exportado, y se impuso un porcentaje fijo del 9% por cada dólar. En el caso de la soja, el producto más competitivo en los mercados internacionales, el 9% se añadió a un 18% ya vigente, por lo que el total retenido ascendió al 27%. Las organizaciones rurales protestaron y amenazaron con movilizaciones, no concretadas por el momento a la espera de reunirse con el Gobierno. Cafiero explicó que no se trataba tanto de un aumento de la carga fiscal como de una actualización tras la fuerte devaluación del peso, e insistió en la necesidad de que todos los sectores hicieran un “esfuerzo solidario”.
Para proteger las reservas de divisas, entre las medidas propuestas figura un recargo del 30% sobre las compras con tarjeta de crédito realizadas en el exterior. Eso supone en la práctica un impuesto extraordinario sobre los viajes al extranjero (el recargo se aplica también sobre las adquisiciones de viajes y contrataciones de hoteles) y busca, además de recaudar fondos adicionales y revertir una balanza turística muy deficitaria (casi 5.000 millones de dólares en negativo), fomentar el turismo interior, que genera abundante empleo temporal.
También se negocia con las provincias la suspensión del “consenso fiscal” establecido en 2017 con Mauricio Macri, que implicaba una reducción progresiva de los impuestos locales. Y se prevé un aumento en el impuesto sobre los bienes personales, hasta ahora fijado en una alícuota de entre el 0,25% y el 0,75% para patrimonios superiores a los dos millones de pesos (unos 33.000 dólares), con un recargo especial sobre los bienes en el exterior. El impuesto sobre los bienes personales fue establecido en 1991 como medida estrictamente temporal, pero ningún Gobierno lo ha suprimido.
En lo referido a las empresas, se aplicará un impuesto especial sobre las que efectúen retiradas de dinero en efectivo (se busca combatir la economía sumergida además de recaudar), pero se aplicarán desgravaciones sobre las que mejoren los ingresos de sus empleados y se permitirá a las pequeñas empresas que aplacen la devolución de sus créditos.
El Gobierno solicitará, dentro del paquete de medidas, que el Congreso le conceda poderes extraordinarios para renegociar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (44.000 millones de dólares) y con los tenedores privados de bonos en dólares y pesos. El objetivo inmediato es conseguir una moratoria de los pagos y establecer una programación de repago de deuda para los próximos 20 años.
La Administración de Alberto Fernández reclama igualmente poderes extraordinarios para “rehacer el marco tarifario” y suavizar, al menos parcialmente, los aumentos de hasta el 1.600% aprobados por el anterior Gobierno sobre las tarifas de servicios como agua, electricidad y transporte. Eso implicaría ampliar las subvenciones al precio de los servicios. A quienes perciben las pensiones más bajas se les garantiza la devolución automática del IVA y un aumento dentro de los próximos seis meses.
A la emergencia alimentaria, declarada ya en las últimas semanas del Gobierno de Macri, se sumará ahora una emergencia sanitaria dirigida a lanzar programas de vacunación obligatoria (enfermedades como el sarampión están repuntando) y a extender un sistema de centros médicos cooperativos.
Fuente: El País