La oficina del Vaticano que investiga los posibles abusos sexuales por parte de sacerdotes recibió mil denuncias de todo el mundo este año, sin contar las que no han llegado de algunas regiones.

«Tenemos un tsunami de causas en estos momentos, sobre todo de países de los que nunca habíamos recibido nada», expresó monseñor John Kennedy, director de la sección disciplinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que procesa esas causas.

La Congregación está desbordada y su escaso personal no da abasto para manejar semejante volumen de denuncias, que es cuatro veces el de hace una década.

Argentina, México, Chile, Italia y Polonia están en la lista de países que más denuncias hacen llegar a la congregación.

El Papa Francisco abolió esta semana el «secreto pontificio» que regía en los casos de abusos.

La explicación del Vaticano fue notable pues equivalió a una admisión explícita de que los obispos habían empleado el secreto pontificio para negarse a cooperar en las investigaciones civiles.

El sistema legal del Vaticano es manejado por obispos y otras figuras de la iglesia, algunas de las cuales no tienen experiencia en jurisprudencia; a menudo no hay abogados especializados en derecho canónico.

Bajo la dirección del entonces cardenal Joseph Ratzinger (un futuro Papa), la Congregación convenció al Papa Juan Pablo II de que centralizase las investigaciones de abusos sexuales en el 2001, en vista de que los obispos no estaban castigando a los curas depredadores y simplemente los transferían de una parroquia a otra, donde volvían a incurrir en abusos.

En el 2001 se dispuso que a los obispos y otros jerarcas de la Iglesia que recibían denuncias debían iniciárseles investigaciones preliminares.

Si el obispo decidía que la denuncia podría ser verosímil, enviaba los documentos a la Congregación, que le decía cómo proceder: un juicio canónico, un «procedimiento administrativo» más rápido o alguna otra medida; una posibilidad era que la propia Congregación se hiciese cargo de la investigación.

La Congregación también hace de tribunal de apelaciones al que recurren los sacerdotes en el marco de las leyes canónicas, un sistema legal paralelo que imparte la justicia eclesiástica.

La investigación consiste en la lectura de archivos repletos de mensajes de texto de los curas que reflejan el acoso a sus víctimas, evaluaciones psicológicas de pedófilos y grandes cantidades de cartas de hombres y mujeres que fueron violados cuando eran niños.

Los castigos de la Congregación son que los curas infractores que recen, se arrepientan y les prohíbe oficiar misas en público.

El peor castigo impuesto por las leyes canónicas de la iglesia, incluso a curas que violaron a varios menores, es básicamente la expulsión de la orden.

La Congregación lleva procesados seis mil casos de abusos desde el 2001 y en cierto momento el Papa Francisco se lamentó de que tenía dos mil causas pendientes.

Kennedy dijo que planeaba incorporar canonistas de Brasil, Polonia y estadounidenses bilingües para compensar la partida de varios empleados y poder procesar los casos de países que recién ahora están empezando a lidiar con los abusos.