Una juez federal vinculó anoche a proceso a dos ex colaboradores de Rosario Robles en la Sedesol y a un ex funcionario universitario por presuntamente haber contratado de manera ilegal el monitoreo y mejora de los comedores comunitarios de zonas marginadas del Estado de México por una suma de 400 millones de pesos.

En este nuevo expediente judicial de la Estafa Maestra, Beatriz Moguel Ancheyta, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, determinó que existen los datos mínimos suficientes para procesar por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades a los ex funcionarios.

Los procesados son Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros y José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario, ambos de Sedesol; y José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).

«Yo estimo que los datos de prueba son aptos y suficientes para vincular a proceso», dijo anoche Moguel Ancheyta, en una audiencia que sobre pasó las 14 horas de duración.

Moguel Ancheyta fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria, mismo que vence el próximo 12 de marzo.

También impuso como medidas cautelares a los procesados la presentación quincenal ante la autoridad, la restricción para salir del país y el pago de una garantía de 70 mil pesos a cada uno de ellos, suma que deberán cubrir en un plazo de 5 días.

El convenio marco señalado como indebido es el suscrito el 3 de abril de 2015 entre la Sedesol y la UPCH para la supervisión, monitoreo y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

De dicho documento, derivaron dos contratos específicos, fechados el 14 de abril y 6 de mayo del mismo año, por los cuales, la Sedesol depositó 200 millones de pesos, por cada uno de ellos, el 29 de octubre siguiente.

La Fiscalía General de la República argumentó que lo indebido radica en que la Sedesol no verificó que la UPCH tuviera la capacidad técnica, material y humana para cumplir con este contrato, mismo que adjudicó sin licitación de por medio.

Los servicios fueron contratados mediante adjudicación directa, sin realizarse un estudio de mercado, omisión que privó al Estado mexicano de tener acceso a mejores precios, calidad y financiamiento, según la FGR.

Al mismo tiempo, según la imputación, los servicios fueron subcontratados por la UPCH en una proporción mayor al 49 por ciento que marca la norma en adquisiciones. En específico, la Fiscalía dijo que la universidad subcontrató 278 millones 400 mil pesos, lo que constituye un 69.6 por ciento de los 400 millones de pesos que le entregó la Sedesol.

Los fiscales federales señalaron en la audiencia que la capacidad de la UPCH para brindar los servicios era tan inexistente, a grado tal que el 15 de abril y 8 de mayo de 2015 -uno y dos días después de firmar los contratos específicos con la Sedesol-, subcontrató a Productos Serel, una de más empresas de Grupo Cosmos, el gigante de la distribución de alimentos que dirige Jack Landsmanas Stern.

Otra de las presuntas anomalías es que el 29 de octubre de 2015 la Sedesol, por conducto de Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros, hizo el pago a la universidad varios días antes de que se lo requirieran oficialmente y de que le entregaran todos los documentos que justificaban la transferencia bancaria.

La petición formal del pago fue hasta el 5 de noviembre, de acuerdo con la imputación.

La defensa de los procesados, encabezada por los abogados Rodolfo de la Guardia, Francisco Áureo Acevedo y Diego Madrazo Labardini, cuestionaron los números de la FGR.

En principio, expusieron que la contratación no fue indebida porque la subcontratación nunca sobrepasó el 49 por ciento del total del convenio.

El razonamiento fue que los dos contratos específicos eran autónomos y cada uno tenía un monto mínimo de 163 millones 760 mil pesos y un máximo de 409 millones 40 mil pesos.

La UPCH, según de la Guardia, hizo dos pagos a Productos Serel de 139 millones de pesos 200 mil pesos cada uno, es decir un total de 278 millones 400 mil pesos, monto que comparado con el máximo total de los dos contratos específicos equivale al 29.31 por ciento del total.

El abogado también ofreció un fallo de la Secretaría de la Contraloría de Chiapas que concluye que la Universidad no violó el límite que marca la norma para las subcontrataciones.

Sin embargo, la FGR reviró que el porcentaje debía deducirse del monto del importe sufragado y no de los máximos estimados. También señaló que el concepto al que refería la Contraloría de Chiapas no se refería al importe.

«Aquí no es indebido que se haya contratado más del 49 por ciento del importe, no del servicio al que hace referencia esa contraloría», dijo la fiscal Mónica Martell Olguín.

La juez, al final, consideró que de momento debe abrirse un proceso a los imputados y continuar con una investigación complementaria, bajo control judicial.

Esta audiencia tardó un año en llevarse a cabo, ya que la primera vez que fue programada, en noviembre de 2018, se aplazó porque algunos amparos la suspendieron. Se volvió a fijar para el 4 de octubre pasado y ocurrió lo mismo.

Fuente: Reforma